jueves, 10 de abril de 2014

IX. La Debacle del gobernador Lugo (1923)


Por Roberto Elenes


Extremo izquierdo, diputado federal Ricardo Covarrubias; al centro, el gobernador José Inocente Lugo; extremo derecho, Juan "El Indio" Loera
El 1 de enero de 1923, el comerciante Luis G. Beltrán, ganador de las elecciones para presidente municipal de Ensenada, se hacía cargo del Ayuntamiento sacando del poder al grupo Zárate lo que representó para José Inocente Lugo una especie de alivio. En comparación a Moyrón y Zárate, de política Beltrán no conocía ni la letra o por lo redondo. Incluso, Beltrán sería desconocido como munícipe por Catarino Messina (delegado político de Tijuana), un anarco-sindicalista aliado de los Romandía, líderes del Partido Nacional Cooperativista en aquella localidad.  El gobernador Lugo entraría al quite expulsando a Messina del cargo.

En cambio, en Mexicali, el líder cooperativista Juan Loera, a los 38 años de edad, con el apoyo del gobernador se reelegía en el cargo, superando incluso al caudillo de Sonora —Álvaro Obregón— por quien el Congreso de la Unión, en 1926, habría hasta de modificar la Constitución en los artículos 82 y 83, para dar paso a su reelección presidencial.

Esto de soliviantar la reelección de Loera, para el gobernador Lugo vendría a representar un enfriamiento de su relación con el subsecretario Gilberto Valenzuela que, al convertirse en secretario de Gobernación en septiembre de 1923, dos meses después lo removería de su cargo dentro del Distrito Norte.

Evaristo Villarreal,
verdadero 

fundador de la tienda
 "La Estrella Azul"
Al día siguiente de la toma de posesión de Juan Loera, el 2 de enero, el gobernador Lugo, argumentando insolvencia económica de parte del municipio de Tecate, se presenta en el lugar para organizar un presunto plebiscito en el que al final, insospechadamente, los vecinos se encajaron la daga solitos,  votando a favor de la desintegración del orden de gobierno municipal con la puntada de convertir al poblado en delegación municipal de Mexicali, escogiendo el gobernador como delegado, de entre el radicalista Evaristo Villarreal y Loreto Chávez, a éste último porque le contaba entre sus amigos. De hecho, el proceso de disolución del orden municipal de gobierno para ser sustituido por una junta de notables, en la Baja California de la década de los veinte, dio inicio con el gobernador Inocente Lugo y tuvo fin durante la administración de Abelardo L. Rodríguez.

Para el 11 de enero de 1923, el gobernador Lugo recibía un oficio enviado por el subsecretario Valenzuela en el que Gobernación ordenaba la consignación de Otto Möller ahora por el asunto de la auditoria municipal, cuando hacía sólo 15 días había salido de la cárcel por falta de pruebas, al haber sido acusado de narcotráfico:

«Al acusar a usted recibo de su atento oficio número 11334, girado por la Sección 1/a., con fecha 23 de septiembre último y de la copia certificada del informe que rindió a la Presidencia Municipal de ese lugar la Comisión Revisora de las Cuentas de la Propia Tesorería Municipal, me es grato participarle que debe de hacer la consignación de los antecedentes a la Autoridad Judicial para  los  efectos  correspondientes.


Reitero a usted  las seguridades  de mi atenta y distinguida consideración. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Rúbrica: Gilberto Valenzuela, Subsecretario de Relaciones».



Möller recibió el pitazo de su detención, huyendo por un tiempo hacia San Diego.

Al mes de haber transcurrido tal suceso —el 11 de febrero—, Juan Loera se despierta con la noticia de que, Nemecio Chávez, su ex-colaborador de 28 años, prominente gasolinero y con un poder político inmejorable dentro de la localidad, se había suicidado en compañía de su amada esposa, tal vez influenciado no por el drama de Otto Möller vivido en carne propia dentro de la cárcel y perseguido de vuelta  por la justicia, sino por la tragedia shakesperiana de Romeo y Julieta. Ese cuento no lo creería ni el tonto del pueblo, y por aquellos ayeres de Mexicali, los rumores de que a Nemecio y a su señora les habían “suicidado”, corrieron más fuerte que los vientos de “La Rumorosa”. 

Por lo demás, a partir de febrero de dicho año, el subsecretario Gilberto Valenzuela puso bajo la responsabilidad de Daniel Benítez —oficial mayor de la Subsecretaría de Relaciones Interiores y Gobernación— el manejo de la situación política del distrito septentrional de la Península de Baja California. Primer mal signo para el futuro de Lugo como gobernador.

La entrevista en Hermosillo

Plutarco Elías Calles y Adolfo De la Huerta, precandidatos a la Presidencia de la República, en 1923
Ese año de 1923, Inicia la efervescencia política nacional en torno a la elección presidencial del año siguiente, siendo precandidateados el general Plutarco Elías Calles —titular de Gobernación—, y Adolfo De la Huerta —cabeza del Ministerio de Hacienda—, como los posibles sucesores del general Álvaro Obregón en la presidencia del país; el gobernador José Inocente Lugo, aprovechando la permanencia del secretario de Hacienda en Hermosillo, en abril, desde Mexicali hacía el viaje rumbo a la capital sonorense  con  el fin —según esto— de plantearle al señor precandidato la problemática por la que atravesaba  el  Distrito Norte.

Sobre los puntos tratados durante aquella entrevista, los dos primeros estuvieron estrechamente relacionados con los mismos problemas que José María Villagrana había provocado  con el alza de impuestos cuando la apertura, en 1874, de la primera aduana federal:

1.   Eximir a las poblaciones de Mexicali, Tijuana y Tecate de los derechos consulares y aduanales a la importación de materiales para la construcción, causa principal del aspecto paupérrimo del hábitat de los poblados de la región y razón principal del porqué la gente prefería vivir en Calexico y no en Mexicali, dado que en esta ciudad el pago por el alquiler de una casa era un 80% más elevado que en Calexico.

2.   Ampliar la protección arancelaria a los artículos de primera necesidad, teniendo en cuenta que a raíz de la carencia  de estos y del pago de derechos, los alimentos eran más costosos e insuficientes los salarios del común denominador de las personas para pagar precios tan elevados.

3.   Solicitar la exención de impuestos a la importación por 3 millones de pesos para la compra de rieles para el ferrocarril, que según cálculos de Francisco Pérez —jefe de la Comisión de Ingenieros— debían emplearse en la construcción del Ferrocarril Mexicali-San Felipe, cuyo costo sería de 15 mil pesos por kilómetro abarcando la obra, en total, un gasto de más de 6 millones de pesos.

4.     Aceptar la existencia en las arcas públicas del Distrito Norte de un superávit de 400 mil pesos sobre 1 millón 200 mil pesos de egresos derogados en 1922; dinero que ya bien podía emplearse en la construcción del primer tramo de 50 kilómetros de terracería para montar la vía del ferrocarril que uniría a Mexicali con San Felipe; o, de ser utilizado para otra obra, emplearse en la construcción de una presa para contener las aguas del Río Santo Domingo con el fin de irrigar las 50 mil hectáreas del Valle de San Quintín.

5.   Reglamentar —no proscribirlos en absoluto— con mayor detenimiento los establecimientos de juegos permitidos por la Ley, y así evitar la existencia de juegos prohibidos en lugares ocultos a la vigilancia de las autoridades; asimismo, Lugo reconocería ante el secretario de Hacienda que el gobierno del distrito —en Tijuana— percibía el 25% de las entradas brutas de los casinos asentados allí, aclarando que la contribución del principal negocio de ese tipo jamás había excedido la cifra de 2 mil dólares mensuales, alertando a De la Huerta que los casinos en realidad obtenían ganancias mayores en comparación con lo que reportaban fiscalmente; sobre este punto tan especial,  en esa ocasión Lugo le plantea a De la Huerta sobre una propuesta recibida por parte de la principal casa de juego de Tijuana, la A.B.W., en el sentido de su disponibilidad de pagar una contribución de 40 mil dólares mensuales, con la condición de manejar en exclusiva los juegos permitidos por la Ley en esa localidad. Dicho de otro modo, bajo esta óptica, ante Hacienda se presentaba la oportunidad de ampliar su recaudación fiscal,  siempre y cuando otorgase  a Carl Withington, dueño del Sunset Inn y del Tivoli, y socio propietario, además, del célebre Tecolote de Mexicali y del Hipódromo de Tijuana, los derechos por la venta de piso a las demás compañías dedicadas a los juego de azar en el poblado de Tijuana. Este paquete habría de ser un privilegio que le tocaría negociar al  sucesor del gobernador Lugo: el general Abelardo L. Rodríguez.

Para evitar suspicacias de parte de Gobernación, el 27 de abril de 1923, José Inocente Lugo le estaba informando al secretario Plutarco Elías Calles sobre esta serie de pormenores expuestos al secretario De la Huerta durante su estancia en Hermosillo a principios de mes.

Con este informe —según Lugo—, le acabaría de dorar la píldora a un Calles receloso del cabildeo realizado por De la Huerta en Sonora, y, por lo visto, con la presencia de Lugo en Hermosillo, también con el mandamás del Distrito Norte. 

La construcción del Ferrocarril Mexicali-San Felipe

Todo indica que la resultante de la entrevista de Inocente Lugo obtenida con De la Huerta, en torno a la construcción del Ferrocarril Mexicali-San Felipe no fue del todo favorable, dado que días antes de su informe a Gobernación, el 13 de abril, Francisco Calderón —director de la Dirección General de Aduanas— ponía de manifiesto al gobierno del Distrito Norte la negativa de Hacienda en lo referente a la solicitud de exención de derechos aduanales y consulares sobre implementos y materiales importados para la construcción de las vías para el tren:

«Con referencia al atento oficio de usted número 2603, girado por el Departamento de Relaciones y Gobernación, con fecha del 23 próximo pasado, en lo relativo a la solicitud que hace a fin de que se consideren exentos de derechos aduanales y consulares, a todo el material, útiles y herramientas que se importen para la construcción del Ferrocarril que unirá ese lugar con el puerto de San Felipe, tengo el honor de manifestarle que no es posible conceder la exención de derechos, en virtud de no existir disposición [¿Presidencial?] para ello; pero que si el gobernador de esa Entidad Federativa (sic) lo acepta, podían cargarse los derechos correspondientes a la cuenta del mismo Gobierno como un préstamo  de la Federación».

Lugo no sólo acepta el préstamo a cargo del gobierno distrital para construir el mencionado ferrocarril, sino que, aparte, se echaría a cuestas el reto de levantar un puerto que sustituyese al de “La Bomba” en un lugar con mejor asequibilidad, dado que dicho embarcadero durante la entrada de las aguas del Golfo al Río Colorado, en días de marea alta —el bore—, se formaba una inmensa ola —conocida como “El Burro”— capaz de hundir un barco, tal y como había sucedido un año atrás, el 19 de noviembre de 1922, en que el vapor Topolobampo fue arrasado por una ola de 5 metros, haciendo zozobrar aquella barcaza con 125 personas a bordo donde murieron 86 pasajeros, de los cuales sólo 21 cuerpos fueron recuperados. Hubo 39 sobrevivientes.

Dos meses después de asumir el compromiso de aquel préstamo, el gobernador se ponía en contacto con su amigo el agente aduanal Arnulfo Liera encomendándole la tarea de explorar las márgenes y afluentes del Río Colorado así como las costas del Golfo de California aledañas al municipio de Mexicali, con el fin de encontrar el lugar apropiado para construir un nuevo puerto que agilizase la movilización de personas y mercaderías en tránsito hacia la ciudad.
   
Playas de San Felipe
Para eso, Arnulfo Liera, dueño de los barcos “La Paz”, “Río Colorado” y  “Zaragoza”, comisionara a los capitanes prácticos Leopoldo Angulo, Juan Sotelo y José Jacinto, con más de 20 años navegando por el Golfo y 8 de los mismos transitando por los afluentes del Río Colorado. El 11 de junio, rendían su informe al patrón, recomendando para sustituir al muelle de “La Bomba”, a la aldea de pescadores de San Felipe, como el punto ideal para construir aquel nuevo puerto marítimo:

«En este punto sí hay bastante agua, pero es indispensable hacerle dos malecones de 300 metros aproximadamente cada uno, para resguardar los barcos en tiempos de Noroeste y Sur, habiendo en ese lugar piedra en abundancia que podría servir para este objeto. Sin los malecones no se puede utilizar este puerto, pues las embarcaciones correrían peligro cuando soplan los vientos del Sur. En ese lugar hay agua dulce y su clima es delicioso».

Al final ambos planes se convertirían en lo que hasta la fecha han sido: un sueño guajiro.

El proceso de destitución de Juan Loera

Desde finales de marzo de 1923, el grupo de regidores propietarios afectados desde el pasado diciembre con la disposición presidencial de remover sus establecimientos comerciales de la zona centro, compuesto por Rafael G. Rosas, Enrique Mérida, José María Rosas, Anacleto Luna, Jesús Pereyra, Luis Ángeles, Pedro Benítez y José María Rodríguez, echaron andar su plan para destituir a Juan Loera y camaradas radicalistas, basados en el texto expreso de los artículos 60 y 61 de Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales que de manera terminante prohibía la reelección  de la figura de presidente municipal, incluso  cuando en el pasado un individuo hubiese desempeñado tal cargo a modo de interino.

Para destituir a un munícipe, según los artículos 53 de la Ley de Organización y Territorios Federales y el 7 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento mexicalense, antes exigían la permanencia en la asamblea de dos terceras partes de los regidores propietarios (o los suplentes cuando no acudiesen a sesionar los titulares) para efecto de conformar quórum, deliberar y legitimar acuerdos dentro de una sesión de Cabildo. He ahí el meollo del asunto, porque —en el caso del municipio de Mexicali— estando la corporación de concejales conformada de 15 en total, ésta se encontraba dividida en dos facciones equiparables en número.
     
Desde la perspectiva legal el desafuero del presidente municipal era imposible de realizar a través del cuerpo edilicio, ya que para hacerlo cualquier grupo faccioso antes tendría que contar con 10 votos favorables. 

Con ánimo de destituir al alcalde, del 4 al 25 de mayo se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias que en resumidas cuentas acabarían siendo obstruidas por los loeristas, en complicidad con los regidores suplentes y por la intervención directa del diputado Ricardo Covarrubias, atacando acremente a los anti-reeleccionistas a través de sus periódicos.

Rafael G. Rosas
El 16 de mayo, Rafael G. Rosas —considerado cómplice del gobernador para destituir al alcalde— era apresado y remitido a la cárcel por el Juez de Primera Instancia tras la acusación que le hiciera el  diputado Ricardo Covarrubias de difamación e injurias. Poco después, el concejal saldría libre.

Haya sido provocado o no, pero para el día 23 de mayo, el barrio comercial de La Chinesca se consumía abrazado por las llamas de un pavoroso incendio. Veintidós años más tarde —en 1945— se volvería a repetir la misma historia.

El día 25, los miembros del Cabildo antagónicos al munícipe Loera —encabezados por Rafael G. Rosas—, acuerdan un resolutivo para el desafuero del presidente municipal, cuyo punto segundo patentizaba:

«Contra las protestas de algunos de nosotros mismos, y del público en general, aceptó usted desempeñar la Presidencia del Ayuntamiento el día primero de enero del corriente año, con violación del texto expreso de los artículos 60 y 61 de la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales QUE TERMINANTEMENTE PROHIBEN LA REELECIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, aun en el caso de que haya desempeñado ese puesto interinamente en año anterior; y usted ya había fungido como Presidente Municipal en el mismo Ayuntamiento, en los meses de noviembre y diciembre del año próximo pasado. Por lo tanto, estaba y está impedido legalmente para asumir esas funciones en este año y por lo mismo, está usted en un puesto que no le corresponde y su deber es renunciarlo».

Ese día, Loera, después de tratar tontamente de introducir a la asamblea regidores suplentes con el fin de suplantar a los regidores propietarios y de desacreditar el veredicto de una mayoría incompleta de 8 regidores legalmente inhabilitados para botarle de la silla presidencial, opta por no seguir presidiendo aquella reunión, retirándose de la sala del Cabildo en compañía de sus seguidores; ausencia que el vicepresidente Rafael G. Rosas aprovecha para entrar en posesión de la dirección de la asamblea, convocando a una sesión extraordinaria para el día 26 con el fin de acabar con el alcalde Juan Loera. Luego de eso, se aprestaría a informarle al señor gobernador lo siguiente:                                                                       

«EN LA CIUDAD DE Mexicali, Baja California, siendo las 23 horas del 25 de mayo de 1923, y constituidos los suscriptores en el Salón de Cabildos de esta municipalidad, desde las 17 hora de este propio día, con el objeto de celebrar la sesión reglamentaria del H. Ayuntamiento para tratar y resolver los asuntos pendientes que le competen en vista de que el C. Presidente Juan Loera y los Regidores Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Dámaso Lemus, Quirino Luna, Pedro Barbosa y Manuel Márquez, se retiraron después de haber sido declarada abierta la sesión con el ostensible objeto de desintegrar el quórum, porque la mayoría que firma la presente, está integrada por los regidores Rafael G. Rosas, José Maria Rodríguez, Enrique Mérida, José María Rosas, Pedro Benítez, Anacleto Luna ,Luis Ángeles y Jesús Pereira presentó para su escritura un escrito firmado por la expresada mayoría en el que por los fundamentos de hecho y de derecho que en el mismo escrito se expresan, se desconoce al C. Juan Loera».

«En vista de lo cual y no habiendo logrado los firmantes que el citado Regidor Loera se allanara a continuar la sesión ni que los regidores de la minoría pasaran a integrar el quórum que habían descompletado, los suscriptores resolvieron: Primero, convocar para sesión extraordinaria para el día de mañana (día 26) a las 13 horas, a fin de que sea discutida la moción presentada por la mayoría, sobre el desconocimiento del C. Juan Loera, como Presidente Municipal».

Dado que el diputado Ricardo Covarrubias radicaba en Calexico, el 27 de mayo el regidor José María Rosas se cobra la afrenta hecha al otro Rosas, compañero regidor, metiendo al diputado federal a la cárcel, tras acusarle ante las autoridades del vecino país de difamación e injurias, inhibiendo con esa acción la posible intromisión del representante federal en la sesión de Cabildo en la que acabarían  por descabezar a Juan Loera. Covarrubias fue apresado en el poblado de Heber; apresado en un país donde su fuero constitucional de nada valía.

Enrique Mérida
La sesión de Cabildo programada para ese día 26, con el fin de ratificar el cese del alcalde, fue suspendida y realizada hasta el 1 de junio, en la que el alcalde Loera —infringiendo el artículo 33 del Reglamento interior—, durante la asamblea trataría de hacer pasar, como propietario, al regidor suplente Donaciano Alejo cuando el titular del puesto se encontraba allí presente. En esa reunión el regidor Enrique Mérida, a nombre de sus otros 8 compañeros, daría como hecho consumado la destitución de Juan Loera, reprochándole en su ardiente filípica el que aún persistiera en seguir ostentado el cargo de presidente  municipal, en virtud de que, desde el pasado 25, en su ausencia, había sido desconocido por expresa “mayoría”.

Al paralelo, el profesor Juan Ojeda Melsson, secretario del Ayuntamiento, era acusado públicamente por el agente aduanal Arnulfo Liera —presidente de la Cámara de Comercio— de malversar fondos públicos. Ojeda a la semana estaría fuera de su puesto muy a pesar de las réplicas del alcalde Loera y del diputado Covarrubias que había abandonado la prisión estadounidense tras el pago de una fianza. En correspondencia, el presidente municipal se le adelantaría al gobernador en la designación del nuevo secretario del Ayuntamiento, nombrando al ex cantuista Rosauro Rojo en lugar de Ojeda Melsson. Éste, al poco tiempo se integraría a la empresa propietaria del Hipódromo de Tijuana, en la que desde antes de incursionar en la política había trabajado como empleado de confianza.

Hacienda vigila a Gobernación en el Distrito Norte

El 24 de mayo, Antonio Flores —administrador de la Aduana Fronteriza—, cumpliendo órdenes emitidas ex profeso por el titular de Hacienda —por el precandidato De la Huerta—, realizaba su primer reporte dirigido a Francisco  Calderón —director general de Aduanas— sobre las actividades de decomiso de drogas llevadas a cabo por las autoridades del Distrito Norte, en el cual  decía:

«Tiene conocimiento esta Administración a mi cargo que en la Oficinas del Gobierno del Distrito Norte de esta población se encuentran depositadas 15 latas de opio y aproximadamente unos 40 frascos de cocaína que fueron aprehendidos últimamente por Agentes de dicho Gobierno».

«Como la Circular número 12  de esa Dirección, de fecha  23  de  noviembre  de  1921, previene que dichos narcóticos sean recogidos por las autoridades aduánales y puestos a disposición del Departamento de Salubridad en esa Capital (México) o de los Delegados Sanitarios Federales (en las entidades federativas), el suscrito Administrador envió copia de dicha circular al Gobierno del Distrito para su conocimiento; pero dicha oficina no se ha servido poner a disposición de esta Aduana las drogas en cuestión».

«A fin de que se cumpla exactamente con la disposición invocada y para normar mi procedimiento en lo futuro, atentamente le suplico se sirva darme instrucciones sobre el particular, con objeto de proceder o no a recoger los expresados narcóticos».

Esto mismo el director de Aduanas se lo hace saber a Gobernación el 6 de junio de 1923.

Antonio Flores, había recibido noticia sobre este decomiso de drogas realizado por los agentes del coronel Francisco Dávila, de boca del “Indio” Loera, al que  el inspector general de Policía le había venido comiendo el mandado desde hacía siete meses con el asunto de poner bajo su disposición a los traficantes de drogas y viciosos aprehendidos, tal y como lo había dispuesto el gobernador Lugo desde el 1 de diciembre del pasado año.

Flores, obedeciendo instrucciones provenientes de la cúpula en Hacienda, habría de hacer el requerimiento de los estupefacientes no al inspector de Policía sino directamente al gobernador. Lugo interpretó esto como una insolencia y no como un requerimiento amparado por las más altas autoridades hacendarias, de modo tal que acabó por mandar al carajo al administrador de la Aduana Fronteriza de Mexicali.

El 22 de junio, Antonio Flores vuelve a enviar otro comunicado telegráfico a la Dirección General de Aduanas, informando al jefe Calderón lo que sigue:

«Con pena manifiéstole que Gobernador de este Distrito, según oficio que obra en mi poder, rehúsa poner a disposición de esta Aduana cantidad de narcóticos aprehendidos sus agentes por tráfico comercial clandestino y cuyo valor asciende a 22 mil pesos (11 mil dólares), según relación proporcionada por el C. Presidente Municipal de consignación hecha por referido Gobierno; aduciendo, como razón, este último no haberse infringido Ordenanza alguna. Encarézcole resolución por esta vía con objeto no demorar iniciación de expediente administrativo y que conforme Oficio-circular 12, de esa Dirección, del 23 de noviembre 1921, compete conocimiento esta Aduana».

El director Calderón, por su parte, reenvía el comunicado recibido hacia Gobernación.

Para sorpresa de Lugo, a finales de junio —vía Subsecretaría de Relaciones Interiores—, en los días cercanos al destape presidencial, llega un mensaje telegráfico en el que recibe órdenes terminantes del secretario Plutarco Elías Calles de hacer entrega inmediata de tales estupefacientes a las autoridades aduanales de la localidad de Mexicali. Ni siquiera pensar que los delahuertistas fuesen a filtrar a la prensa nacional que el equipo de Gobernación, controlando el Distrito Norte, estuviera reteniendo para sí la droga confiscada, cuya custodia debía de estar a cargo de Hacienda.  

Este evento vendría a significar la ruptura total de relaciones entre el gobernador del distrito y un alcalde de Mexicali tachado de soplón, que, en lo tocante a rencillas políticas, al lado del diputado Covarrubias y socios seguirían dando la batalla contra Lugo hasta hundirse —todos— en la ignominia.
     
Para eso, en junio 29, Daniel Benítez —titular de la Oficialía Mayor de Relaciones Interiores— de parte de la subsecretario Valenzuela, le había hecho llegar al gobernador Lugo —vía telegráfica— este requerimiento:

«Dirección General de Aduanas dice en nota de 19 actual que 8 regidores de ese Municipio han desconocido a Presidente Municipal y consulta cuál es el Ayuntamiento legal para hacerle llegar entrega del 2% municipal. Sírvase informar por esta vía sobre caso. Salúdolo.  P. O. del Subsecretario. Daniel Benítez, Oficial Mayor».

A la mañana siguiente, el gobernador José Inocente Lugo se comunica directamente con el subsecretario Valenzuela, informando la realidad del caso Loera:

«Hónrame contestar su telegrama de ayer referente Consulta Dirección General de Aduanas para hacer entrega del 2% municipal a este Ayuntamiento, en vista desconocimiento de Presidente Municipal efectuado por ocho regidores. En respuesta manifiesto a usted que este gobierno estudia conflicto municipal comunicando a esa superioridad en oficio 14682, fecha 28 de mayo último, habiendo agotado esfuerzos conciliatorios entre miembros del ayuntamiento y dentro de breves días se resolverá asunto  pues en opinión del suscrito actúa indebidamente el expresado Presidente Municipal por haber llamado suplentes para integrar ayuntamiento contraviniendo preceptos  legales. Respetuosamente. El Gobernador del Distrito. J. I. Lugo».

Con esta respuesta emitida por el gobernador, para Gobernación la suerte del presidente municipal quedaba echada desde el 30 de junio de 1923; aunque con el duro apercibimiento del precandidato presidencial, Plutarco Elías Calles, dirigido ese mismo día al gobernador, bien podía afirmarse que el destino de la administración Lugo se encontraba, también, en el preámbulo de su inminente caída.

En cuanto al asunto de las drogas en poder del gobierno distrital, el 3 de julio,  el gobernador Lugo emitió el siguiente reporte al Secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles:

«AL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.
México, D. F.
Adjunto tengo la honra de remitir a esa Superioridad, copia del acta levantada con motivo de la entrega que hizo este Gobierno a la Aduana Fronteriza de esta Ciudad, de las drogas heroicas que han sido substraídas al tráfico ilícito e introducidas de contrabando, para remitirlas a la Dirección General de Aduanas.
Protesto a usted las seguridades de mi atenta y respetuosa consideración. SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN. Mexicali, Baja California, julio 3 de 1923. Rúbrica: J. I. Lugo, Gobernador del Distrito».

En ese mes de julio, también, por acuerdo previo promovido por Hacienda ante Gobernación,  quedó  prohibida la importación de las máquinas sorteadoras en el Distrito Norte, mejor conocidas como “ladronas”, siendo confiscadas las que ya existían en el territorio distrital, instaladas en cantinas y establecimientos comerciales. Para diciembre de 1923, Con Abelardo en el gobierno, dicha prohibición se anuló, volviendo a funcionar las tragamonedas de a 5, 25, 50 y 100 centavos de dólar dentro de cantinas, boticas y tiendas de abarrotes. 

Heriberto Borunda: ariete del gobernador

El 6 de Julio, el alcalde Loera convoca a una sesión de Cabildo en la que sólo participan sus seguidores acordando por unanimidad cesar de sus funciones al C. Heriberto Borunda —tesorero municipal—, a raíz de que un día anterior había enviado un oficio al gobernador desconociendo como tal a un alcalde tambaleante en el puesto.

Juez José Elías Castro
Paso seguido, el jefe de la glosa y el síndico municipal sellaron la caja de caudales de Tesorería, negándose su titular a entregar el sello de la dependencia. Luego, Borunda fue hacia el despacho de José Elías Castro —Juez de lo Penal— para ampararse contra los actos de autoridad del alcalde Loera, acusándole de usurpación de funciones. De ahí, se entrevistó con el gobernador, solicitando  la certificación de los siguientes dos puntos:

«I.- Ratificar que el C. Juan Meneses es Secretario Ayudante de la Inspección General de Policía de este Distrito, comisionado actualmente como Comandante de la Policía Municipal».
«II. – Que en el superior gobierno del digno cargo de usted, no hay dato ninguno por el que aparezca que hayan cesado en sus cargos de Regidores del H. Ayuntamiento de Mexicali, ni de que estén suspensos en los mismos, los C. C. José María Rodríguez, Rafael Y. Rosas, Enrique Mérida, Anacleto Luna, Jesús Pereyra, Luis Ángeles y Pedro Benítez».

La Secretaría General de Gobierno, de inmediato le hace llegar a Borunda la certificación requerida a favor de su querella judicial.

Loera y socios, de su parte, hacen justamente lo mismo que Borunda pero ante Adalberto Torres —Juez Primero de Distrito— con sede en Tijuana, consiguiendo amparo de la justicia contra actos de autoridad de parte del gobernador Lugo y del inspector Dávila. El juez Torres pronto le comunica al gobernador la acusación hecha por Juan Loera:

«El Cuerpo Edilicio que suscribe, fundado en las fracciones I y II, artículo primero de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución General de la República y fracción IX del artículo 107 Constitucional, promueve formal demanda de amparo contra los actos del C. Gobernador del Distrito e Inspector General de Policía cometidos por sus subordinados con orden verbal, señalando artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política como garantías violadas. Rubrican los regidores propietarios: Juan Loera. Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Dámaso Lemus, Quirino Luna, Pedro Barbosa, Manuel Márquez. Los suplentes: Pedro G. Martínez, Donaciano Alejo, Eligio Chacón. Antonio Alonzo. Arturo Echeverría, Juan Jacobo y el secretario del Ayuntamiento, Rosauro Rojo».

El día 10, Heriberto Borunda se presenta a sus oficinas acompañado de Juan Meneses —nuevo secretario ayudante, comisionado del distrito a cargo de la Policía de Mexicali—, del cabo Guillermo Guillén —subcomandante de la Policía Municipal— y de otros 12 gendarmes, con el fin de darle garantías al tesorero que traía órdenes, de arriba, de romper los sellos de la caja de caudales y volver a tomar posesión de su puesto. Juan Loera y el subcomandante Guillén se hacen de palabras al exigirle el alcalde al policía que mostrase la orden escrita para realizar un acto de esa naturaleza, como era el allanamiento de la oficina de la Tesorería con lujo de fuerza. Guillén le replica no necesitarla aduciendo que esas eran órdenes de la superioridad y había que cumplirlas. Cuatro días después, el rezongón del cabo Guillén pagaría con la muerte aquella afrenta dirigida al alcalde Loera.  

Esa vez, también, José Elías Castro —juez de lo Penal—, le informa al gobernado Lugo que había liberado la siguiente orden de aprehensión:

«El C. Juez de lo penal, con fecha de hoy, julio 10 de 1923.– Vistas las diligencias practicadas, y apareciendo méritos suficientes para proceder criminalmente contra el presidente municipal Juan Loera y regidores  Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Dámaso Lemus, Quirino Luna, Pedro Barbosa, Manuel Márquez.  Pedro G. Martínez, Donaciano Alejo, Eligio Chacón. Antonio Alonzo. Arturo Echeverría, Juan Jacobo por ejercer éstos últimos funciones que no les competen, puesto que están actuando como munícipes supliendo indebidamente a los  propietarios».

«Por lo expuesto, de acuerdo con lo pedido por el C. Agente del Ministerio Público, y con fundamento en los artículos 21 y 16 de la constitución federal; 758, 997 y 1011 del código penal; 105, 222 y 223 del código de procedimientos penales, se resuelve; gírese orden de aprehensión contra los individuos expresados como presuntos responsables de los delitos mencionados, y a efecto de que cuando se logre su captura sean puestos a disposición de este juzgado. Lo que comunico a usted para los efectos legales, protestándole mi atenta consideración. Sufragio Efectivo No Reelección. El Juez Penal, J. E. Castro. Agente del Ministerio Publico. I. Castanedo».

Paralelamente, Adalberto Torres —Juez Primero de Distrito— estaba informándole al gobernador sobre la revocación del amparo otorgando al alcalde Loera y compañía.

Durante la tarde del día 11, el gobernador Inocente Lugo se comunicaba a México con el secretario Calles para informarle que, en la mañana, acompañado del señor José Pérez Sánchez —comandante de la Policía Fiscal y de Campo, dependiente del distrito— personalmente había visitado el ayuntamiento no encontrando a ninguna autoridad más que a Fidencio Magallanes —oficial primero— y que al inquirirle sobre la ausencia del presidente municipal, el susodicho sólo se había limitado a responder que, como a las 8.30, lo había visto llegar a sus oficinas y luego partir a hacer la calificación de reos en la cárcel. Por lo demás, Lugo aclaraba al secretario de Gobernación que los empleados administrativos del Ayuntamiento seguían trabajando normalmente en las oficinas de la glosa.

En el parte de policía dirigido esa noche al gobernador, le informaron que el diputado Ricardo Covarrubias, el alcalde Juan Loera y demás seguidores habían permanecido todo el día, reunidos, en casa del regidor suplente Arturo Echeverría.

El viernes 13 de julio de 1923, el gobernador recibe otro informe de la Policía confirmando que el presidente municipal y los regidores, a eso de las 5 de la tarde, habían cruzado la frontera rumbo a la casa-oficina del diputado Covarrubias, en Calexico. Ese día, también, Lugo recibe, en la noche, con visos de urgente, una solicitud de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, en la que se le pide que precise la siguiente información:

«Agradecérele, proporcionarme con carácter de urgente los siguientes datos: Primero.- ¿Qué número de regidores integran el Ayuntamiento? Segundo.- ¿En qué forma ha quedado dividida la corporación edilicia y desde qué fecha? Tercero.- ¿Desde qué fecha prodújose la escisión, considerándose la desaparición del poder municipal, o de alguno de los grupos que la componen?»

La balacera en Palacio Municipal: clásico sabadazo

En la mañana del sábado 14 de julio, el gobernador envía la contestación dirigiéndola expresamente al general Álvaro Obregón —presidente de la República—:

«Hónrome referirme suyo de ayer número 145. H. Ayuntamiento de esta ciudad constituyóse el 1 de enero de este año, con 13 regidores propietarios y 1 suplente, faltando 1 para el número de 15 que previene la ley, en virtud de haberse declarado nulas las elecciones verificadas en el  4to Distrito Electoral».

«Regidores propietarios fueron: José María Rosas, Enrique Mérida, José María Rodríguez, Luis Ángeles, Rafael G. Rosas, Pedro Benítez, Juan Loera, Fulgencio Gallego, Jesús Castro, Quirino Luna, Dámaso Lemus, Pedro Barbosa, Manuel Márquez; con fecha 2 de febrero protestó como regidor propietario por el 4to Distrito Electoral, C. Anacleto Luna».
«Con fecha 25 de mayo, 7 regidores propietarios y el suplente en funciones, Jesús Pereira, presentaron moción en sesión de H. Ayuntamiento, desconociendo carácter de Presidente Municipal al C. Juan Loera y desintegraron la corporación edilicia, comunicando al gobierno del Distrito esta resolución».
«Desde la fecha citada, el presidente municipal Juan Loera y los 6 regidores propietarios de su partido [el Nacional Cooperativista], acordaron integrar Ayuntamiento con suplentes afines a su grupo: Éstos fueron, Arturo Echeverría, Juan Jacobo, Eligio Chacón, Antonio Alonzo, Vidal R. Martínez y Pedro G. Martínez, contraviniendo  precepto artículo 53 de Ley de Organización y Territorios Federales, de fecha 13 de abril de 1917, que exigía al Ayuntamiento para deliberar y tomar sus acuerdos en quórum, partiendo de las 2 terceras partes de sus miembros, y del mismo modo se violó la prevención del artículo 7 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento, que exige las 2 terceras partes de sus miembros: 10, para poder declarar abierta una sesión».

«En consecuencia, el criterio de este gobierno es que desapareció el poder municipal de esta ciudad desde la fecha antes citada, produciéndose la escisión entre los regidores propietarios del Ayuntamiento. Respetuosamente. J. I. Lugo, gobernador de Distrito».

Estando en sus oficinas el gobernador, el coronel Francisco Dávila le informa sobre el contenido de un reporte urgente emitido por Juan Meneses —secretario ayudante de la Inspección General de Policía—, en el que afirmaba que, a eso de la 1 de la tarde, el alcalde Loera y regidores acompañantes habían cruzado la línea procedentes de Calexico hacia Mexicali, ingresando a palacio municipal y dirigiéndose luego a la planta alta donde se encontraba la oficina del juez José Elías Castro, con el que se habían entrevistado hasta las 5.30 de la tarde.  El resto del reporte es digno de analizar tal y como fue expedido:

«Como a las 17.30 minutos, se vio pasar al Juez ya indicado, que acompañaba a los repetidos Regidores así como al C. Diputado, y al señor Francisco Vildósola y a otras personas más, por lo que ordené que fueran a cerciorarse del rumbo que tomaban, habiendo sido informado que se dirigieron a la cárcel  donde penetraron, y después de haber estado tomando a la vista del público, en el patio de dicho establecimiento, salieron todos armados,   inclusive el C. Juez de lo Penal, quien se dirigió acompañado de Vildósola al centro de la población, tomando los restantes rumbo a la Jefatura de Operaciones donde estuvieron en las afueras, oyendo una arenga que el C. Diputado Covarrubias les dirigía, no pudiendo los agentes de esta Comandancia darse cuenta de lo que se habló».
«Enseguida, el mismo grupo capitaneado por el tantas veces repetido diputado, se dirigió al Palacio Municipal, forzando el señor Covarrubias una puerta  de la parte trasera del edificio y abriendo él mismo la puerta principal que da a la calle, para darles el paso a los regidores y una media docena de ebrios que se  abalanzaron al Salón  donde se encuentran hasta este momento (19.30 de la tarde), escandalizando en completo estado de embriaguez y armando actitud agresiva, teniendo nosotros ya a la Policía franca y la de servicio apostada en las salidas del edificio para evitar que se les una más gente. Esperando instrucciones de esa superioridad para obrar en este caso por demás delicado, en vista de que todos esos individuos a que me he referido, están apostados por dentro, a un lado de las puertas, con pistola en mano, sin excluir al C. Diputado Ricardo Covarrubias».

El alcalde Loera y sus camaradas, después de empezar el guateque desde un día antes en Calexico y de proseguirlo dentro de la cárcel de Mexicali con el juez que desde el día 10 de julio había expedido una orden de aprehensión en su contra; acompañando al diputado federal Ricardo Covarrubias, abandonan la cárcel y se dirigen hacia las instalaciones de la Jefatura de Operaciones Militares, por la calle de Lerdo, a un costado del Club Atlético, con la esperanza de entrevistarse con el general Jesús M. Ferreira.
     
Jefatura de Operaciones Militares
Fue el teniente coronel Raúl Michel —jefe de Estado Mayor— el que los atajó a las puertas del despacho del jefe militar, no permitiéndoles el acceso por el avanzado estado de ebriedad en que se encontraban los señores.

Desde los escalones de la Jefatura Militar, habría sido la ocasión en que el diputado Covarrubias lanzara una enardecida proclama de más de media hora contra el gobernador y sus presuntos esbirros, para luego dirigirse, en compañía de sus camaradas ebrios,  por la calle de Madero rumbo a Palacio Municipal e ingresar al recinto por la puerta trasera, encontrándose  a Rafael G. Rosas en su interior, siendo expulsado a la calle a punta de empellones.

Ese día 14, el vicepresidente Rafael G. Rosa, con el apoyo del gobernador, se hizo cargo de la presidencia municipal, y Agustín B. González fue  nombrado secretario del Ayuntamiento.

Al filo de las 8 de la noche, obedeciendo órdenes superiores, el teniente coronel Raúl Michel y el capitán Lecanda, se presentan, solos, a palacio municipal y se unen a Juan Meneses y a Guillermo Guillén que comandaban al grupo de gendarmes apostados a las afueras del recinto municipal.

A las 8.15, el general J. M. Ferreira, le rinde al gobernador un escueto parte en calidad de urgente:

«Siendo las 20.15 minutos, se produjo un tiroteo entre los regidores loeristas, encabezados por el diputado Covarrubias, y la policía municipal en el edificio del Ayuntamiento».

A esa hora, el diputado Ricardo Covarrubias, su ayudante José María Michel y el alcalde Juan Loera, salieron de palacio municipal con pistola en mano dispuestos abordar el automóvil venido expresamente  a recogerles, siendo recibidos afuera por el teniente coronel Raúl Michel, el capitán Lecanda, Juan Meneses y Guillermo Guillén, para exigirles que entregaran las armas. Covarrubias aclaró que él no lo haría, arguyendo tener fuero. Luego el ayudante de Covarrubias —José María Michel—, levantó el arma con ánimo de disparar y, entonces, el teniente coronel Raúl Michel y el capitán Lecanda se abalanzaron sobre él con el fin de desarmarlo, produciéndose un forcejeo. De pronto, desde atrás, Juan Loera le daba de tiros a Guillermo Guillén soltándose la balacera entre loeristas parapetados dentro del recinto municipal, el diputado Covarrubias y el alcalde Loera contra la Policía apostada a los cuatro costados de aquel edificio.


Pero mejor dejemos a Juan Meneses —ayudante Secretario de la Inspección General de Policía— que nos cuente de lo ocurrido a través de las declaraciones que hiciera, en la Jefatura de Operaciones Militares, al general Ferreira la noche del sábado 14 y la mañana del domingo 15 de julio de 1923:

«Llamado  a declarar  el ayudante Secretario de la Inspección General que se encontraba al frente de dicha Policía, ofreciéndose conducir con verdad, dijo llamarse Juan Meneses, originario de Torim, Sonora, de 29 años de edad, soltero, empleado, y con domicilio en la Avenida Teniente Guerrero de esta ciudad, y a preguntas especiales expuso sobre los hechos acontecidos, lo siguiente»:

«Que habiendo recibido órdenes de su Superior inmediato para aprehender a cada uno de los Regidores que estaban posesionados en el recinto municipal, en caso de salir a la calle, dividió en 4 grupos la policía a su mando, para vigilar por los 4 vientos las salidas del mencionado edificio y poder dar cumplimiento a la orden recibida».

«De esta escaramuza, resultaron muertos de nuestra parte, los policías Carlos García, Eustolio Macedo y herido el Ayudante Secretario de la Inspección General, Guillermo Guillén, cabo tercero [Guillén moriría al poco en el hospital]».
«Habilitado Marcos Villegas y los policías Jesús Manríquez, Silvestre  Higuera y Bernardo García; y de la parte de los regidores, resultaron heridos el diputado Covarrubias, ligeramente, el ex presidente Juan Loera y el ex regidor Quirino Luna, y otro ex regidor que hasta ahorita no se sabe quién es; de los particulares que estaban en la acera del Hotel Carrillo, hacia cuya dirección tiraban los regidores, resultaron heridos Ramón Meza y Emilio Márquez y el regidor en funciones Enrique Mérida».

«Pasada la excitación del momento y habiendo llegado al lugar de los acontecimientos un piquete de la fuerza federal, retiré a la policía del lugar referido, a sitios donde con más confianza pudiéramos seguir en vigilancia, en donde permanecí hasta las 21 horas [9 de la noche]».

El teniente coronel Raúl Michel se hizo cargo de la situación, ordenándole a Meneses que se presentara en la Jefatura Militar a declarar y que retirase de allí a los gendarmes bajo su mando. Al rato, el teniente coronel Michel y el capitán Lecanda  harían lo propio en compañía de un piquete de soldados. Al acto, el inspector Francisco Dávila ordenaría a la Policía realizar custodia permanente alrededor de Palacio Municipal. Al día siguiente, Meneses es vuelto a ser requerido por la Jefatura Militar, abundando sobre algunos nombres de los participantes en aquella refriega armada:

 «Ampliando mi parte rendido el día de ayer [14], en relación a los sangrientos acontecimientos ocurridos en el edificio municipal, omití los nombres de algunos particulares que tomaron parte muy activa en el tiroteo, pues se encontraban adentro del mencionado recinto, acompañando a los regidores y cuya omisión se debió a la falta de conocimiento exacto de quiénes eran. Hoy, en posesión de los nombres de ellos, me permito ponerlos  de usted, siendo los siguientes: Rosauro Rojo, Secretario del Ayuntamiento; los ex regidores Donaciano Alejo y Quirino Luna; José Romo, Delegado de la Colonia Zaragoza, quien portaba carabina 30-30; J. Concepción García, delegado de la Colonia Sonora; Manuel Haro, Hermenegildo Gastélum, Asensio Miranda, Pablo Rodríguez, Luis Valdez y un hijo del regidor Fulgencio Gallego».

Después de la balacera, el afortunado “Indio Loera”, con un rozón de bala, reingresó al edificio municipal con ánimo de proseguir la parranda con sus compañeros regidores. Más tarde, acompañado de un par de sus colegas, se iría a Calexico a seguir a Covarrubias que había marchado levemente herido.

En lo que el gobernador le comunicaba al presidente de la República sobre el trágico suceso, Covarrubias hacía lo propio con el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles, a través de este mensaje telegráfico:

«Audaz gobernador de Distrito Norte, transformó esbirros a sus órdenes en asesinos de regidores de Mexicali, hallándose en Sesión Permanente, asaltándola. Siendo repelidos y haciéndoles 3 muertos y 5 heridos. Nosotros: presidente municipal herido; regidor Donaciano Alejo, herido levemente; regidor Quirino Luna, herido gravemente, además, el suscrito herido de un pie levemente. Municipio témese que asesinos continúen con su actitud. Permanente, ocupando recinto municipal. Mitin Cooperativista, citado para hacer Manifestación, como ofrenda a las víctimas del cacicazgo de José Inocente Lugo: Suspendido. Ricardo Covarrubias, Diputado Federal por D N de B C.».

El lunes 16, el cabo Tomás Meza —encargado de la vigilancia tras la ausencia de Juan Meneses— le rinde a éste un informe de la evolución de los sucesos al interior del edificio municipal, Meneses a su vez envía de inmediato dicho reporte a su jefe, el inspector Francisco Dávila:

«Tengo el honor de participar las novedades ocurridas en las últimas 24 horas. Los ex regidores que se habían pasado a territorio norteamericano, acompañando al señor Loera, ex presidente municipal, se regresaron acompañados del mismo a esta ciudad, a las 13 horas, penetrando por la zona federal al juzgado de lo penal en donde permanecieron por espacio de 2 horas [hasta las 3 de la tarde] hablando con el Juez [José Elías Castro]. Al poco llegaron Francisco Vildósola y Rodolfo Portillo, quienes llevaban bultos, en los que probablemente conducían pistolas y cartuchos, pues a las 15 horas se vieron salir de ahí a los mencionados regidores en potentes automóviles y debidamente armados con pistolas, en compañía del Juez de lo Penal rumbo a la cárcel donde penetraron todos. Poco después salieron el referido juez rumbo a su oficina; cinco minutos después salieron los regidores rumbo a la línea.»
Una hora después, Dávila le estaba informando al gobernador sobre la llegada a Mexicali de 13 individuos, de Tijuana, pertenecientes al Partido Nacional Cooperativista, quienes al encontrarse con Francisco Vildósola le habían dicho contar con otros 40 hombres más. El gobernador, desesperado, se apresura a dirigirle al general Ferreira el siguiente comunicado:

«Estimo prudente que las fuerzas a su mando, desalojen el palacio municipal, ya que de hacerlo los elementos de la policía, podría surgir un serio conflicto dada la escisión existente entre éstos últimos y las personas que se encuentran ocupando el mencionado palacio, además, de que prolongarse esta situación violenta, la sociedad sufriría serios trastornos a la tranquilidad a que tiene derecho y que estamos obligados a proporcionarle de acuerdo a los mandatos de Ley. J. I. Lugo, Gobernador del Distrito».

A las 8 de la noche de ese lunes 16, el general Ferreira, acompañado de uno de sus asistentes, de Juan Meneses y de Ignacio Castanedo, Agente del Ministerio Público (desde el día 10 del presente portador de una orden de aprehensión contra los loeristas), se presentan en Palacio, y el general, muy complaciente, empieza a conversar con los otrora contertulios, conminándoles a abandonar en santa paz las instalaciones. Los loeristas acceden gustosos. 

Sobre dicho evento que —contado así— pareciera algo inverosímil, Juan Meneses ratifica esta realidad a través del reporte realizado por él y luego puesto en manos de sus superiores:

 «Siendo las 20 horas del día 16, retiré a los miembros de la Policía que estaban encargados de vigilar  a los individuos sediciosos que ocupaban el palacio municipal, reconcentrándolos en la comandancia; enseguida se presentó el Jefe de Operaciones Militares, acompañado de uno de sus subalternos y con toda cortesía invitó a salir a los ex regidores del citado edificio, habiéndoles puesto en libertad, como lo están hasta hoy; inmediatamente el C. Agente del Ministerio Público y el suscrito, cerramos las puertas del mencionado palacio municipal y las sellamos en presencia del señor Jesús M. Ferreira y ex regidores».

El martes 17, a primera hora, el gobernador recibe un comunicado de la Subsecretaria de Relaciones Interiores y Gobernación, firmado por subsecretario Gilberto Valenzuela, en el que le daba a saber que, por acuerdo presidencial, y conforme a lo prescrito en los artículos 53 y 59 de la Ley Orgánica del Distrito y Territorios, ninguna de las dos fracciones de regidores en pugna había tenido facultades legales para llamar a los suplentes, estando imposibilitados para integrar quórum y actuar en consecuencia con carácter de Ayuntamiento, y por lo tanto se podía asegurar que desde la sesión del 25 de mayo, había quedado el cuerpo edilicio sumido en la desintegración y que, en términos de Ley, debía proceder de inmediato la destitución del cuerpo edilicio. Fue de ese modo como desde la Presidencia de la República quedaba disuelto por primera vez el Ayuntamiento de Mexicali, a mediados de 1923.

Ese mismo día 17, además, Inocente Lugo recibió de  parte del juez José Elías Castro un oficio donde anunciaba que al filo de las 3.30 de la tarde había pronunciado auto de prisión preventiva  en contra de los señores Juan Loera, Manuel Márquez, Dámaso Lemus, Jesús Castro,  Fulgencio Gallego y Quirino Luna, como presuntos responsables del delito de coalición de funciones, sin hacer mención de un agravante como el homicidio. Con ellos, habían sido detenidos, también, los señores  Donaciano Alejo, Arturo Echeverría, Juan Jacobo,  Eligio Chacón, Antonio Alonzo, Pedro G. Martínez y Vidal R. Martínez por ejercer funciones públicas que no eran de su competencia.

Diez días más tarde —el 27 de julio—, gozando de libertad bajo fianza, los antes aludidos fueron reaprehendidos  por el general Jesús M. Ferreira y remitidos a la sede del 21º Batallón en la esquina de Lerdo y Altamirano, luego de que Enrique Ballesteros —Agente del Ministerio Público Federal— ejerciese acción penal en contra del ex munícipe Loera y seguidores por los delitos de ultraje a funcionarios públicos, resistencia a la policía, homicidio, lesiones, coalición de funciones, ejercicio de funciones que no corresponden, falsificación de actas y usurpación de funciones.

Durante aquel lapso brutalmente surrealista y sangriento que delimitó la posterior renuncia del gobernador José Inocente Lugo,  todo indica que el gobernante guerrerense habría sido víctima de un complot orquestado desde Gobernación, en el que participaron, indirectamente, el administrador de la Aduana de Mexicali —Antonio Flores—, yéndose entre peteneras el juez José Elías Castro y  el jefe de operaciones militares Jesús M. Ferreira. Apareciendo como realizadores del trabajo sucio, el diputado federal Ricardo Covarrubias, el alcalde Juan Loera y sus regidores loeristas, afiliados al Partido Nacional Cooperativista (PNC) en el Distrito Norte.


En el caso específico de José Elías Castro, para 1924, obtuvo un ascenso como Juez de Primera Instancia en Guaymas, en la tierra del entonces gobernador Abelardo L. Rodríguez. A finales de la década de los veinte, el juez Castro regresó a Mexicali para integrarse a la Cámara Agrícola Nacional donde estuvo a cargo del departamento jurídico. En octubre de 1947, pasó a ser secretario de Gobierno durante  la administración de Alfonso García González a la cabeza del gobierno del Territorio Norte de la Baja California.

Enrique Ballesteros
Enrique Ballesteros, al año siguiente de esta masacre, se convertiría en el quinto diputado federal del Distrito Norte.

 El 20 de Julio de 1923, por órdenes de Ignacio Zeferino Enríquez Siqueiros y de Jesús Agustín Castro —gobernadores de Chihuahua y Durango, respectivamente—; un grupo de sicarios asesinan al divisionario Francisco Villa y al coronel Miguel Trillo en el poblado de Parral, Chihuahua. Un año atrás —1922—, ya habían fusilado al general de división Francisco Murguía, carrancista alzado en armas contra Obregón. En ese año, en Laredo, Tamaulipas, también habían ultimado al general radical Lucio Blanco. Con la muerte del general Villa, se daba el banderazo de salida de la carrera presidencial para las elecciones de 1924, entre Plutarco Elías Calles —secretario de Gobernación— y Adolfo De la Huerta —secretario de Hacienda—.

En agosto de 1923, el coronel felixista Francisco Dávila, Inspector General de Policía del Distrito Norte, era sustituido por el ex cantuista Juan N. Vázquez, quien había llegado a Ensenada, en 1911, como parte del cuerpo de oficiales del 8º Batallón al mando del coronel Miguel Mayol. El ahora inspector de Policía, Juan N. Vázquez, al finalizar la revuelta magonista, había optado por permanecer en el Distrito Norte y como producto del cuartelazo de Fortunato Tenorio, en 1914, había ido prisionero a la cárcel militar de Mazatlán para luego regresar al territorio e integrarse al “Regimiento Esteban Cantú”.

Los ministros en pos de la silla presidencial

Buscando la presidencia de la Republica, el 1 de septiembre de 1923, Plutarco Elías Calles —secretario de Gobernación— renunciaba a su puesto, ocupando su lugar Gilberto Valenzuela Galindo. Veinticinco días después, Adolfo De la Huerta —secretario de Hacienda— hacía lo mismo que su homólogo de Gobernación, dejando el puesto en manos de Alberto J. Pani.

Para el 11 de septiembre, azuzados por el diputado Ricardo Covarrubias, los líderes del Nacional Cooperativista de la localidad de Tijuana,  Gabriel Muñoz, Ricardo Romandía, hijo, y Heriberto Villarino, acompañados de un centenar de partidarios, irrumpen al interior  del Casino Tivoli, de Carl Withington, poniendo patas para arriba las mesas de juego mientras la clientela se encontraba —atareada— jugando.

El centro del problema era el choque de intereses económicos entre la empresa Monte Costa Jockey Club, representada por Jerome Bassaty, tratando de construir otro hipódromo en Playas de Tijuana, en colusión con los de Carl Withington, James Coffroth y Wirt G. Bowman, socios del Hipódromo de Tijuana. Los cooperativistas estaban a favor Jerome Bassaty porque prometía contratar a trabajadores mexicanos en  el levantamiento de aquella mole, y doblemente en contra de los dueños del Hipódromo de Tijuana cuya plana mayor de empleados estaba compuesta de norteamericanos, cuyos intereses patronales se encargaba de salvaguardar el gobernador Lugo. 

Este escándalo provocado por los cooperativistas tijuanenses había ido acompañado de un mitin en el que se pedía —fuera de las instalaciones de la delegación municipal— la cabeza de José Inocente Lugo, mejor conocido ya como “cara de murciélago”. Estos hechos atrajeron la atención de la prensa estadounidense y, por añadidura, el acalambramiento del gobierno de la República no se hizo esperar.

Las reprimendas de Gilberto Valenzuela Galindo —secretario de Gobernación— ensordecieron los oídos del gobernador Lugo y del jefe militar Jesús M. Ferreira. Ante eso, el gobernador desquitaría su coraje sobre la humanidad de Juan N. Vázquez —inspector de Policía— y de Juan Julio Dunn Legaspy, encargado de esa corporación en Tijuana, porque según esto se habían visto resto impasibles para actuar con energía frente aquellos sucesos tan bochornosos. En realidad, Dunn Legaspy estaba a favor de los cooperativistas.

La liberación de los loeristas

El 18 de septiembre, el licenciado Mariano Nagore —jefe del Ministerio Público Federal, en Tijuana— recibe un telegrama enviado por M. I. Fierro —procurador general de Justicia del Distrito y Territorios Federales—, ordenando lo siguiente:

«Agente del Ministerio Público. Tijuana, B. C. Por acuerdo del C. Presidente de la República, autorízolo para que desista acusación hecha contra munícipes, Mexicali. Atte. M. I. Fierro, Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales».

Para octubre 23, el licenciado Enrique Ballestero —Agente del Ministerio Público Federal— se desistía formalmente de la acción penal ejercida en contra de los ediles mexicalenses por los eventos ocurridos el 14 de julio pasado en la presidencia municipal de Mexicali. No obstante, el gobernador se interpondría firmemente obstruyendo su liberación. 

El 26 de octubre, el general Abelardo L. Rodríguez, viudo pero feliz, retornaba de Mazatlán a Mexicali para volverse hacerse cargo de la II Jefatura de Operaciones Militares del Distrito Norte, sustituyendo a Jesús M. Ferreira; éste fue ascendido a general de división y, para 1929, siendo jefe de operaciones en Chihuahua, sería uno de los que secundase la rebelión Escobarista contra Calles, para luego arrepentirse y huir hacia los Estados Unidos.

El 2 de noviembre —día de Muertos—, José Inocente Lugo se convertía en cadáver político, al renunciar al gobierno del Distrito Norte con el señuelo de que se iría representando a la Legación de México en la Habana. Su relevo era el general Abelardo L. Rodríguez, que asumía el cargo de gobernador ostentando al mismo tiempo el título de jefe de operaciones militares.

Ese lunes 5 de noviembre de 1923, José Inocente Lugo, acompañado de su esposa Carmen, de sus tres hijos, de su hermana Rosa y de su secretario particular Navarrete, en que fueron despedidos en el andén del ferrocarril de la Estación de Calexico, por Manuel Proto —en representación del gobernador Abelardo L. Rodríguez—,  cuándo hubiera imaginado Lugo que su carrera política se iba a estancar hasta 1938,  año en que su estrella política volvió a fulgurar al ser designado senador por su estado natal Guerrero, además de ser  nombrado general de brigada. Después de su mandato en el Distrito Norte, José Inocente Lugo estuvo metido quince largos años en el congelador de la política.

Al mes de estar Abelardo L. Rodríguez a cargo del Distrito Norte —el 7 de diciembre—, estalla la rebelión delahuertista, estando Adolfo De la Huerta en Veracruz. Al día siguiente, Enrique Estrada —ex secretario de Defensa con Obregón— jefe de operaciones en Jalisco, se proclama a favor de De la Huerta, siendo secundados, en todo el País, por 36 generales con mando de tropa.

Por esas fechas el diputado federal Ricardo Covarrubias, desde México le envía al gobernador Abelardo Rodríguez Luján, el siguiente telegrama:


«[En] virtud [a] intrigas de funcionarios de justicia del Distrito, presidente municipal de Mexicali y regidores continúan presos injustamente. Espero su benevolencia ejercítese con el fin de que obtengan detenidos reparación correspondiente, quedándole infinitamente agradecido a usted. Atentamente. Ricardo Covarrubias, Diputado del D. N. de B. C.»

Con antelación —el día 3 de diciembre—, Abelardo L. Rodríguez ya le había solicitado al presidente Obregón justamente lo que le pedía el diputado Covarrubias, enviando a la Oficina de la Presidencia copia del telegrama expedido —el 18 de septiembre pasado— por el Procurador Fierro en el que ordenaba al Ministerio Público Federal desistir en sus acusaciones contra el primer edil Loera y sus compañeros concejales.


Hasta el 20 de diciembre de 1923 —cinco meses después de su reaprehensión—, fue la fecha en que  —Juan Loera, Manuel Márquez, Dámaso Lemus, Jesús Castro, Fulgencio Gallego, Quirino Luna, Donaciano Alejo, Arturo Echeverría, Juan Jacobo, Eligio Chacón, Antonio Alonzo, Pedro G. Martínez y Vidal R. Martínez— habrían de quedar desligados y absueltos de los procesos penales en su contra. Esto ocurrió 11 días antes de que Juan Loera hubiera acabado su gestión como alcalde, de haber trascurrido ésta de manera regular; no obstante, secundando lo dicho por Covarrubias en su telegrama, los muy cínicos exigirían al gobernador la reparación correspondiente de daños, solicitando ser reinstalados en sus puestos con el fin de lavarse políticamente la cara y convertirse en los operarios políticos de la próxima elección municipal. Lógico, con Abelardo L. Rodríguez la yunta de bueyes toparía con troncón.


El desdén del nuevo gobernador hacia los compinches del diputado federal Ricardo Covarrubias, sería interpretado por éste como una afrenta a sus decisivos afanes en pro de la caída de José Inocente Lugo del gobierno distrital. Abelardo L. Rodríguez y Ricardo Covarrubias, ya se verían las caras  para 1924.

roberelenes@gmail.com


SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600

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