jueves, 10 de abril de 2014

I. La Aduana de Arizona


Por Roberto Elenes


Impulsada por el irrefrenable deseo yanqui de apropiarse de la cuenca del Río Colorado y de territorios con salida al Océano Pacífico, la invasión norteamericana a México llegó a término el 2 de febrero de 1848 con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en que la nación mexicana perdió dos millones y medio de kilómetros cuadrados de su territorio, logrando milagrosamente salvar la Península bajacaliforniana.

Oliver M. Wozencraft
Al año siguiente, Oliver M. Wozencraft emprendía una expedición hacia el desierto del Colorado, quedando tan fascinado por su paisaje e impresionado con la ostensible riqueza circundante que para el invierno de ese año de 1849, estaba en Washington ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos, exponiendo un plan para reclamar a México esos terrenos. Organizar en tan corto tiempo otra invasión con el fin de satisfacer las ambiciones de Wozencraft y encharcarse en otro acto de expoliación para obtener el susodicho desierto era demasiado por el momento.


Valiéndose del incumplimiento de contrato signado el 14 de marzo de 1861, Benito Juárez García, como presidente de México, 10 años después rectifica declarando rescindido el acuerdo firmado con Jacobo P. Leese a quien el propio gobierno juarista le había concesionado los terrenos baldíos de la Península de Baja California. Al año siguiente, dos meses antes de morir Juárez, en mayo 2 de 1872, ordena al general Pablo María Castro, titular de la Jefatura Política y de las Armas del Territorio de la Baja California, practicar una inspección ocular en la Frontera Norte colindante con la Alta California, con el fin de detectar cuál era la situación prevaleciente en aquel tentador paraje situado en suelo mexicano.
        
Bibiano Dávalos
El general Castro comisionó a Manuel De Reyaleta y a Bibiano Dávalos para realizar aquella difícil y delicada tarea. Fue hasta diciembre 5 de 1873 –poco más de año y medio después–, que dichos hombres tras haber retornado del Partido Norte hacia La Paz, sede política del Territorio peninsular, enviaron su informe final a Sebastián Lerdo de Tejada, en calidad de presidente sustituto del fallecido Juárez, confirmando lo siguiente:

«Por el mencionado camino no solo se hace el tráfico de pasajeros y correspondencia al Fuerte Ciudad Arizona, el Tuzon [sic], y los demás intermedios de aquel territorio, sino también transitan tropas armadas con sus trenes de carros en los que conducen los pertrechos de guerra que necesitan; así como otras empresas particulares de carros cargados con toda clase de mercancías para el consumo de las poblaciones designadas y Postas situadas en territorio Mexicano».

«De la misma manera y con igual impunidad descargan constantemente buques en la Bocana del Río Colorado en el territorio del Estado de Sonora, se deposita la carga en unos almacenes de madera que al interior han hecho y de allí se está conduciendo en los vapores planos a las Ciudades ya dichas para su consumo, custodiada por empleados americanos para que paguen sus derechos en la Aduana de Arizona».

Camino de la Herradura (1870)
Aquella ruta de diligencias, llamada el Camino de la Herradura, hacía un recorrido de 313 kilómetros desde San Diego, California, al Fuerte Yuma, en Arizona. Corría, de oeste a este, paralelo a la línea divisoria entre Estados Unidos y México. Partía de San Diego y pasaba por National City y Garbo, introduciéndose a territorio nacional en su ida hacia la Posta del Rancho de Tía Juana, de ahí reiniciaba la marcha en dirección a la Posta Tecate, internándose de nuevo en territorio norteamericano. De vuelta en tierras californianas cruzaba otras 13 postas instaladas por el Camino de la Herradura. Para bajar a lo que años más tarde sería el condado de Imperial, tenían que recorrer cinco postas más y así llegar a la Posta de Indios donde había que reabastecerse de la anda de caballos de tiro para emprender la marcha hacia territorio nacional pasando la línea divisoria entre Estados Unidos y México justo por el monumento divisorio 220-A (por la puerta México), en los actuales poblados de Calexico y Mexicali, zona que por aquellos días formaba parte de la región conocida como la de la Laguna (Cameron) o de la del Río (Nuevo).
        
Desde ese punto de la línea fronteriza, la diligencia se adentraba a suelo mexicano cabalgando hacia el sureste en dirección a la “Posta Río Nuevo” (New River Station), la cual, conforme al mapa del área realizado por R. W. Lemon, en febrero de 1903, quedaba en las inmediaciones de lo que fue la Estación Packard, perteneciente al otrora ferrocarril de la Inter-California. Esto sería hablar hoy —a partir de la confluencia del bulevar Lázaro Cárdenas con Río Nuevo— de un sitio en Mexicali ubicado en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas y el entrecruce con bulevar López Mateos.


Según este documento que data de 1873, signado por Bibiano Dávalos y Manuel De Reyaleta, la “Posta Río Nuevo” era el octavo punto de reabastecimiento de la ruta de diligencias, y se componía de una casa con restaurante y venta de licor, donde también se podían adquirir abarrotes, granos y pastura, establecimiento cuyo manejo estaba a cargo del señor Fausto Álvarez, de ciudadanía norteamericana.
        
A partir de la “Posta Río Nuevo”, la travesía proseguía en colindancia con la línea fronteriza dentro del actual municipio de Mexicali, habiendo al paso otras cinco Postas por recorrer, incluyendo el penúltimo paradero de la ruta: “El Pozo de Los Algodones”; de la “Posta Río Nuevo” a la de “Álamo Mocho”, había de por medio una distancia de 22 kilómetros y medio; de ésta, a la “Estación de Burcke V. Vills”, y de aquí a la de “Siete Pozos”, y luego a la de “La Rajadura” hasta llegar a “El Pozo de los Algodones”, en todo caso, las separaba una distancia de poco más de 15 kilómetros: Ochenta y tres eran los kilómetros que se tenían que recorrer en diligencia para atravesar el Valle de Mexicali y llegar a Yuma.
        
Ese documento afirma también que once de las trece postas estaban concesionadas a ciudadanos estadounidenses, exceptuando la del “Rancho de Tía Juana”, que pertenecía al peruano José María Bandini (señores Bandines, dice el documento original), y la de “El Pozo de los Algodones” a cargo del mexicano Manuel L. Villarino, imbuido con el licenciado Modesto Arreola, en calidad de apoderado de la tribus yumas, dieguinos y cucapá, en prolongada disputa por la posesión de dichos terrenos baldíos.


Puerto Isabel, puerto norteamericano situado en suelo mexicano (Sonora), a la orilla este de la desembocadura del río Colorado

El testimonio de Dávalos y De Reyaleta describe con demoledora claridad cuál era la problemática política de la región, por principio la total ausencia de una aduana mexicana que pusiese coto al contrabando consuetudinario que llevaban a cabo los estadounidenses dentro del territorio nacional, al grado de instalar para esos efectos su propia aduana en la zona (¿Puerto Isabel?); pero sobre todo los comisionados advertían al gobierno federal del peligro que representaba tener al vecino instalado a todas sus anchas en la desembocadura del Río Colorado, ofreciendo en su reporte hasta el remedio y el trapito para solventar un asunto que más valía buscarle urgente solución, de no querer estar envueltos en un nuevo conflicto internacional con Estados Unidos, cuyo final  era perfectamente previsible: la pérdida total de la Península noroccidental de México. Con ese propósito, Dávalos y De Reyaleta, aconsejaban: 

«El consumo de efectos extranjeros introducidos clandestinamente no solo se hace por  estas vías sino por la Ensenada de Todos los Santos y percibe de mercancías para surtir las poblaciones y rancherías diseminadas en toda la municipalidad, y solamente los productos anuales que debían de producir bastarían para cubrir los gastos, el pago de los demás empleados hábiles y una fuerza de cada una que recorran la línea e impidiera el contrabando escandaloso que se hace diariamente, a ciencia y paciencia de las autoridades mexicanas».       

«El punto más propicio para declararlo puerto de altura sería la Ensenada de Santo Tomás, cuya oficina final deberá tener dos secciones, una en la Tíajuana [sic] y la otra en el Paso de Los Algodones».

De seguro lo suscrito en el informe realizado por Dávalos y De Reyaleta, fue lo que impulsó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada a emitir en agosto del año siguiente, 1874, un decreto para la apertura de una aduana para el Partido Norte del Territorio de la Baja California, con asiento en “Tía Juana”.
        
La veracidad de los datos vertidos en el reporte de 1873 llevado a cabo por Dávalos y De Reyaleta, son reconfirmados nueve años más tarde por los ingenieros Jacobo Blanco y el coronel norteamericano J. Barlow, cuando a la luz de la convención del 29 de Julio de 1882 con el fin de organizar una Comisión Internacional de Límites para trazar y demarcar la Línea Divisoria entre los Estados Unidos y México, fueron comisionados para explorar la región y elaborar un estudio topográfico, realizando un mapa en el que se observa el área correspondiente al Desierto del Colorado, en el que aparece el trazado de la ruta de diligencias de San Diego a Yuma –el Camino de la Herradura– y también  los puntos donde se situaban los ranchos Los Algodones y Andrade; plano cartográfico que tuvo como resultado la colocación de los Monumentos Divisorios entre un país y otro.

Guillermo Andrade
En lo concerniente al apellido Andrade, cabe destacar que Guillermo Andrade, único mexicano que por aquellos días se esfuerza por hacer trabajo de colonización en el Desierto del Colorado –fundando la Colonia Lerdo unido a Thomas Blythe–, consigue un contrato de colonización otorgado por el gobierno porfirista, el 11 de enero de 1878.

La aduana de José María Villagrana

El ejecutivo federal decreta la apertura de la primera aduana del Partido Norte el 6 de agosto de 1874, con asiento en la comunidad de “Tía Juana”. José María Villagrana, como subjefe político lerdista, inicia la instauración de un organismo que, más allá de ser una dependencia del Ministerio de Hacienda, en México Aduanas ha sido una extensión del Poder Ejecutivo, reconfirmando a los habitantes de la más alejada región fronteriza del país, la existencia de un poder central, ubicuo, hasta esa fecha invisible en sus obras, cuya tangibilidad solo era perceptible durante el cobro de impuestos a los lugareños por la introducción de víveres y herramientas desde Estados Unidos, en igual caso se encontraron  las compañías que explotaban las minas de oro y cuarzo dentro de la región.

Sin empacho el supremo gobierno imponía la fuerza y verticalidad de sus resoluciones reguladoras en la vida de un núcleo poblacional bajacaliforniano, aislado por mar y desierto e inconexo con el comercio procedente del interior y por tanto dependiente del país vecino en cuanto abastecimiento.

So pretexto de la disminución de la recaudación fiscal sobre una explotación minera cuya producción empezaba a menguar, Villagrana aumenta en 300% los impuestos a la importación de básicos, materiales para la construcción, utensilios para la agricultura y herramienta destinada para la minería. No conforme, de la aduana sustrae y pone en sus alforjas el total de dinero recaudado por el gobierno federal, dejando al municipio de Real del Castillo sin un cinco de aquel antiguo 15% obtenido por el pago voluntario de importaciones que los lugareños hacían al ayuntamiento para manutención del incipiente aparato gubernamental, de un par de planteles educativos y de la poca infraestructura  construida.

Con esta desatinada medida del subjefe político Villagrana, el impacto ocasionado para la economía familiar de la gente de Real del Castillo, fue brutal. Este fenómeno se reflejaría en toda su magnitud siete años después, en la primavera de 1881, cuando de manera por demás dramática los pobladores del Partido Norte, expresan su disgusto en un documento enviado al presidente Manuel González:

«Si nos preguntara, señor [presidente], ¿por qué ha salido la población de la Frontera?, contestaríamos abiertamente porque es imposible soportar el peso del arancel aduanal; diríamos que aunque es cierto que la Aduana protege al comercio, a la industria y los productos de un país culto, en ningún caso deben existir derechos aduanales en un país que principia a formarse, y que aún no se sabe si pueda llegar algún día a vivir de sus propios productos o industrias; diríamos, en fin, porque los víveres que se compran en San Diego por 1 peso, vienen a costar 4 pesos con el recargo del arancel, al flote del dinero que es del 20 por ciento».

En torno a la debacle del gobierno de José María Villagrana en 1876, la causa no fue la rebatiña por la silla presidencial entre Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) y Porfirio Díaz, ni tampoco las presuntas disputas entre liberales y conservadores del Partido Norte del Territorio de la Baja California, cuando algunos autores remarcan que el sustituto de José María fue don José Moreno, un “conservador honesto, a carta cabal”. Por esos días, la lucha política en todo el país más bien era entre militaristas (Porfirio Díaz) y liberales juaristas, reeleccionistas como Lerdo de Tejada, pues los conservadores, que habían dejado el poder en 1855, aún no se aglutinaban en torno a la bota militar de un Díaz presuntamente anti-reeleccionista y liberal en esa época.

Villagrana, fue sorprendido jugando ajedrez y aprehendido el 20 de noviembre de 1876, llevado a la cárcel y depuesto por las 1500 almas y la soldadesca que habitaban en el pueblo de Real del Castillo, por embolsarse el producto de los impuestos cobrados en la aduana y dejar sin dinero al municipio, por coludirse para la venta ilegal de terrenos, un negocio que empezaba a tomar inusitado auge, y por haber convertido la cabecera del Partido en la “Disneylandia” de las bandas de gavilleros que asolaban ambos lados de la frontera. Esta era la verdadera causa del porqué el gobierno de los Estados Unidos hacía un año que había movilizado a la Compañía G de Caballería para que vigilase de forma permanente la línea divisoria entre ese país y el de México, partiendo de “Tía Juana” hasta el desierto del Colorado.

Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el vecindario descubrió que el subjefe político Villagrana y su secuaz Braulio Carballar –el administrador de la aduana enviado por la federación– solo habían gastado 2 000 pesos, de los 4 000 recibidos para construir la aduana del Partido Norte, empleando el resto en la compra de “lujosos carruajes y hermosos caballos” en la localidad de San Diego. Esto fue lo que realmente encendió la mecha a una situación en extremo delicada que, como era de esperarse, derivó en la deposición y aprehensión de Villagrana, quien tres días después de su captura ese 20 de noviembre de 1876, logró escapar hacia San Diego en el trayecto de su remisión hacia el centro del país en calidad de prisionero.

La aduana de Andrés L. Tapia

Para avizorar el grado de aislamiento en que se encontraba el Partido Norte de la Baja California, basta decir que no es sino hasta el 15 de noviembre de 1877, un año después de los conflictos suscitados por Villagrana dentro del Partido, cuando llega a Ensenada el coronel Andrés L. Tapia –jefe político del territorio peninsular–, en el buque de guerra México, con un contingente de 130 soldados a bordo, con el fin de pacificar la región. Para sorpresa de tirios y troyanos, como parte de la tripulación venía un José María Villagrana, redimido, que en cosa de un año de refugiado en el puerto de La Paz, se había convertido en un porfirista confeso, cuyas ambiciones por retornar al poder las vería esfumarse de su mente tan rápido como la bruma suele desaparecer ante el arrebato de la luz solar.

A pesar de eso, Villagrana, el fundador de la primera aduana del Partido Norte, permanecería aún en tierras bajacalifornianas hasta el 25 de julio de 1899, cuando envía al jefe político-militar Agustín Sanginés una precipitada e irrevocable renuncia como juez de paz de la colonia Tecate, y luego parte con rumbo desconocido dizque a atender urgentes asuntos familiares. Por el tono de la redacción del texto, todo indica que el señor estaba evitando, a toda costa, estar delante del coronel Sanginés entregando el documento de su adiós definitivo de la administración pública local.

Al bajar del  barco el coronel Tapia a mediados de noviembre de 1877, el primero en deponer las armas fue José Moreno, lo que le facilitaría la toma del control del aparato de gobierno. Más tarde vendría la rendición voluntaria de Jesús Legaspy, de la gente adherida al chileno Felipe Zárate, a Zerrabia y a Rodríguez.

El literato y educador de origen peruano, Manuel Clemente Rojo, antiguo subjefe político de la región —a quien dos años antes los bandidos vinculados a Villagrana le habían asesinado a su amigo Antonio L. Sosa, primer presidente municipal de Real del Castillo desde su fundación el 2 de octubre de 1870—, había sido el único de los lugareños en emprender vana campaña para volver a ser reinstalado en el poder.

En ese ínter, Andrés L. Tapia emprende una serie de consultas dentro de aquel vecindario, cuya problemática queda reflejada en el documento enviado el 15 de marzo de 1881 por la junta de vecinos de Real del Castillo al presidente de la República Manuel González, informe en donde no solo le solicitan la expedición de un decreto presidencial para convertir la región en zona de libre comercio:

«En obsequio de la Justicia, de la Humanidad y del Derecho que pudiéramos tener como hijos de la República, a Usted pedimos se sirva decretar la Zona Libre para el Partido Norte del Territorio de la Baja California».

También queda claro en dicho informe que una de las causas fundamentales de los desaguisados dentro del Partido Norte habían sido los desorbitados gravámenes impuestos por Villagrana a los productos traídos del extranjero, sin omitir que el otrora recargo del 15% al costo de productos importados al país, había representado un verdadero beneficio porque:

«con esto se criaba un fondo suficiente para pagar a los empleados locales [los del municipio], para mantener una escuela de instrucción primaria, para abrir caminos y en fin para hacer cuantas mejoras materiales sean posibles, porque del Gobierno jamás ha llegado un centavo, a excepción de lo que ha gastado en el establecimiento de la Aduana».

En 1877, la economía del Partido Norte se encontraba paralizada y al borde del precipicio a causa de los altos aranceles a las importaciones implantados por Villagrana. No obstante, como un acto providencial, desde un año antes habían empezado a llegar, a aguas de la bahía de Ensenada de Todos los Santos, cuantiosos embarques de mercancía de contrabando, procedentes de la ciudad de San Francisco, específicamente de origen oriental, cuyos precios resultaban para los moradores de la región sensiblemente más baratos que lo que les costaba comprar en San Diego y, además, libres de impuestos.

Ante eso, Andrés L. Tapia reuniría a las autoridades del Partido –entre quienes se encontraba Cayetano Treviño, presidente de la Comisión de Terrenos Baldíos–, y en vez de ordenar bajar de inmediato los impuestos a los productos importados para incentivar la economía de aquellos villorrios, plantea la necesidad de abrir una aduana “provisional” en lo que sería el puerto de Ensenada. Luego toma la decisión y por primera vez manda cerrar la recién fundada Aduana Fronteriza de Tijuana, reduciendo las instalaciones de aquello que se había convertido en la manzana de la discordia, a categoría de simple caseta fiscal y de vigilancia.

En lo concerniente a la aduana de Tapia, se trataba de una casita prestada, ubicada cerca de la playa, cuyo propietario era don Pedro Gastélum. Luego el coronel parte muy campante hacia La Paz, nombrando a José Pelayo Gama como administrador de la Aduana del Partido Norte, que, de la noche a la mañana, de fronteriza había pasado a ser marítima, cambiando su residencia de Tijuana a Ensenada.

Poco habría durado el gusto del coronel Tapia, pues en abril de 1878, tras la regañina recibida de parte de don Porfirio, regresa a Todos los Santos a clausurar su aduana de la playa, ordenando reabrir la fronteriza, que hasta hacía poco estuviera situada en Tijuana.

Decreto presidencial del 27 de octubre de 1880

Con este decreto presidencial expedido por Porfirio Díaz para la apertura oficial de la Aduana Marítima de Ensenada de Todos los Santos, la Aduana Fronteriza de Tijuana volvió a cerrarse por segunda ocasión en tan solo tres años; no obstante, la oficina de la Aduana portuaria, frente a un movimiento cada vez mayor de mercaderías pero de contrabando, quedó operando de manera intermitente: unas veces sí y otras no.

Con el nuevo cierre de la Aduana Fronteriza de Tijuana en 1880, y el funcionamiento irregular de la marítima de Ensenada, después de que la gente del Partido Norte desde 1875 había estado padeciendo una onerosa carga tributaria a las importaciones –de cuyo producto hacía seis años que el municipio de Real del Castillo no obtenía ni un centavo para la manutención del aparato administrativo y el sostenimiento ahora de tres escuelas de instrucción primaria: la de Real del Castillo, la de San Vicente y la de Tijuana (1879)–, se crea una comisión de vecinos con carácter de urgente y en marzo de 1881 redactan el documento ya citado, enviándolo al presidente Manuel González, en el que se hace un análisis pormenorizado sobre la deleznable actuación de los siete administradores de Aduana que habían ejercido ese cargo desde 1874:

«Don Braulio Carballar fue el primer Administrador de la Aduana de Tijuana, establecida por orden del Gobierno, para lo cual recibió $4000,00 pesos de la Aduana de Mazatlán, de cuya cantidad gastó $2000,00 más o menos en la fábrica de dicha Aduana y el resto gastó en San Diego en comprarse carruages [sic], hermosos caballos y objetos de valor para su uso. Éste es uno de los que mejor se han portado, porque aunque todo su trato y manejo era en el extranjero, cumplía con su deber, pero al fin jamás mandó un centavo al Gobierno, y cuando salió de la oficina, dejó pendiente el pago de sus empleados y subalternos por falta de fondos».

«Pasemos al siguiente, el segundo Administrador de dicha Aduana, fue don José Pelayo Gama; ¡Qué vergüenza! Éste ni aún fue puesto por el gobierno, sino por el Jefe Político del Territorio que vino a calmar algunos disturbios habidos entre el pueblo, siempre por causa de la Aduana, porque se trataba de evitar una especulación [investigación] que se pensaba hacer al Administrador Carballar».

«La visita del señor Tapia en nada fue benéfica porque se fue dejando como luego se dice “las mechas ardiendo” y solamente nos ha dejado a un Pelayo de Administrador de Aduanas. Este empleado devoto del Dios Baco no esperaba colectar dinero para sus vicios, sino que comprometía al crédito la Aduana con el comercio, y jamás pagó a sus subalternos. Vivía en San Diego, Alta California, en donde siempre ronda, y despachaba muchos negocios de la Aduana a satisfacción de los interesados, quienes formaban con este objeto tertulias y reuniones de puros devotos del mismo Dios».

«El tercer Administrador fue don Alberto H. Dugnig, quien aunque muy honrado y cumplido, jamás remitió algo al Gobierno».


Antes de continuar, es indispensable destacar un episodio de la vida bajacaliforniana, porque cuando en el reporte anterior llega el momento de explicar acerca de cuál había sido el proceder del cuarto administrador de la aduana, menciona a un ilustre sud bajacaliforniano, al general José Manuel María Márquez de León (1822-1890), que, con el apoyo de Ramírez Terrón en Sinaloa, el 22 de noviembre de 1879 lanza contra el gobierno de Porfirio Díaz su Plan Revolucionario del Triunfo, convocando al pueblo de Baja California a la rebelión.

Poco tiempo después de la proclama del general Márquez, el coronel Tapia sería sustituido por el general José María Rangel (1836-1896), a quien toca enfrentar a los alzados marquecistas en la frontera del Partido Norte, a mediados de 1880.

«El cuarto Administrador fue un señor Jesús Legaspi [sic] puesto por el revolucionario Márquez, este empleado siguió los pasos de Gama, sin perderle la pista».

«El quinto fue un señor Arnulfo García puesto por el coronel  [por esas fechas ya era general] entonces don José María Rangel. Si se quiere saber del manejo de este Administrador que tenía las hechuras de Pelayo Gama, con la circunstancia agravante, de que éste insultaba a los introductores y jamás se ocupó de libros o papeles de ninguna especie. También fue procesado y consignado al Juez de Distrito, por cuya razón no pudo remitir al gobierno los productos de la Aduana».

«El sexto fue don Ignacio Romero, que aunque muy caballeroso y honrado durante su administración, vivía en el extranjero con todos sus empleados subalternos, pasando a suelo mexicano solamente cuando pasaba algún desgraciado a quien descarnar [sic]. Este tampoco mandó dinero al Gobierno y se fue sin pagar a sus empleados. La razón no se sabe».


«El presente Administrador [el séptimo], señor Torrescano, sin tener la honra de conocerle, aún no nos ha hechado [sic] un saludo, tratándonos públicamente de salvajes y ha principiado por tratarnos de bandidos a los vecinos más honrados de este Partido, y desde que llegó hasta la fecha [marzo de 1881] anda en el extranjero con todo y empleados subalternos».

«Estos son, señor Presidente, las personas en cuyas manos ha puesto el Gobierno el manejo de esta Aduana, para deshonra de la Nación y ofensa y ruina de este Partido».

El presidente Manuel González, el 15 de diciembre de 1883, promulgaba la Ley sobre deslinde de terrenos y colonización de la Baja California, dando apoyo irrestricto a extranjeros para la colonización de vastas regiones de un país en donde la gran masa campesina vivía sin un pedazo de tierra, medidas que reavivaron sobre México el furor anexionista de las potencias sobre la frontera norte. Al año siguiente, el presidente González le concesionaba a Luis Hüller, organizador de una compañía deslindadora de terrenos, una inmensa extensión de tierras baldías que abarcaban los actuales municipios de Tijuana y Ensenada, incluyendo isla de Cedros.
        
Dos años después (1886), Huller vendía sus derechos a la empresa norteamericana Compañía Internacional. En 1889, este latifundio de dimensión colosal era absorbido por la firma británica Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización para el Desarrollo de la Baja California, más bien conocida como la  Compañía Inglesa.

Antecedentes históricos: franquicia para la zona libre

Los primeros antecedentes, en México, en torno a la historia de la franquicia de zona libre, se remontan al año de 1849, cuando el presidente José Joaquín Herrera (luego de que un año atrás el ex presidente Manuel De La Peña firmara el tratado Guadalupe-Hidalgo con Estados Unidos), el 4 de abril emitía un decreto por tres años permitiendo a los habitantes de la frontera norte la importación de víveres para autoconsumo.

Derogado ese decreto en 1852, el gobierno de Ignacio Comonfort,  para el 28 de diciembre de 1855, ordenaba la exención de derechos aduanales a los metales no beneficiados dentro de la Península de Baja California.

El 17 de mayo de 1858, durante la presidencia de Félix Zuluaga, el gobierno de Tamaulipas era agraciado con un decreto que exentaba el pago a la importación de víveres para los moradores de Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier y Nuevo Laredo.
        
En lo que concerniente a la petición para el establecimiento de una zona libre en el Partido Norte, solicitada al presidente Manuel González en marzo de 1881, el gobierno del general Díaz,  en enero de 1885, en respuesta a dicha petición de hacía cuatro años, decretó la aplicación de una franquicia que consideraba zona libre de impuestos una faja de veinte kilómetros sobre el área fronteriza de la Península bajacaliforniana con Estados Unidos, beneficiando incluso a Ensenada. Veinte años después, en 1905, José Ives Limantour —secretario de Hacienda— derogaría aquella franquicia.
        

Desde la derogación de la franquicia de zona libre en 1905, hasta su reapertura en 1937 realizada por el gobierno cardenista, la lucha por la instauración del régimen de zona libre fue toral para Baja California. Un otorgamiento que solo era concedido por la Presidencia de la República como eventual paliativo en tiempos de excepción o de graves crisis, evitando subsanar un problema permanente con medidas más apegadas a la realidad económica y social de una región  aislada del resto del país.

roberelenes@gmail.com

SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600

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