jueves, 10 de abril de 2014

I. La Aduana de Arizona


Por Roberto Elenes


Impulsada por el irrefrenable deseo yanqui de apropiarse de la cuenca del Río Colorado y de territorios con salida al Océano Pacífico, la invasión norteamericana a México llegó a término el 2 de febrero de 1848 con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en que la nación mexicana perdió dos millones y medio de kilómetros cuadrados de su territorio, logrando milagrosamente salvar la Península bajacaliforniana.

Oliver M. Wozencraft
Al año siguiente, Oliver M. Wozencraft emprendía una expedición hacia el desierto del Colorado, quedando tan fascinado por su paisaje e impresionado con la ostensible riqueza circundante que para el invierno de ese año de 1849, estaba en Washington ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos, exponiendo un plan para reclamar a México esos terrenos. Organizar en tan corto tiempo otra invasión con el fin de satisfacer las ambiciones de Wozencraft y encharcarse en otro acto de expoliación para obtener el susodicho desierto era demasiado por el momento.


Valiéndose del incumplimiento de contrato signado el 14 de marzo de 1861, Benito Juárez García, como presidente de México, 10 años después rectifica declarando rescindido el acuerdo firmado con Jacobo P. Leese a quien el propio gobierno juarista le había concesionado los terrenos baldíos de la Península de Baja California. Al año siguiente, dos meses antes de morir Juárez, en mayo 2 de 1872, ordena al general Pablo María Castro, titular de la Jefatura Política y de las Armas del Territorio de la Baja California, practicar una inspección ocular en la Frontera Norte colindante con la Alta California, con el fin de detectar cuál era la situación prevaleciente en aquel tentador paraje situado en suelo mexicano.
        
Bibiano Dávalos
El general Castro comisionó a Manuel De Reyaleta y a Bibiano Dávalos para realizar aquella difícil y delicada tarea. Fue hasta diciembre 5 de 1873 –poco más de año y medio después–, que dichos hombres tras haber retornado del Partido Norte hacia La Paz, sede política del Territorio peninsular, enviaron su informe final a Sebastián Lerdo de Tejada, en calidad de presidente sustituto del fallecido Juárez, confirmando lo siguiente:

«Por el mencionado camino no solo se hace el tráfico de pasajeros y correspondencia al Fuerte Ciudad Arizona, el Tuzon [sic], y los demás intermedios de aquel territorio, sino también transitan tropas armadas con sus trenes de carros en los que conducen los pertrechos de guerra que necesitan; así como otras empresas particulares de carros cargados con toda clase de mercancías para el consumo de las poblaciones designadas y Postas situadas en territorio Mexicano».

«De la misma manera y con igual impunidad descargan constantemente buques en la Bocana del Río Colorado en el territorio del Estado de Sonora, se deposita la carga en unos almacenes de madera que al interior han hecho y de allí se está conduciendo en los vapores planos a las Ciudades ya dichas para su consumo, custodiada por empleados americanos para que paguen sus derechos en la Aduana de Arizona».

Camino de la Herradura (1870)
Aquella ruta de diligencias, llamada el Camino de la Herradura, hacía un recorrido de 313 kilómetros desde San Diego, California, al Fuerte Yuma, en Arizona. Corría, de oeste a este, paralelo a la línea divisoria entre Estados Unidos y México. Partía de San Diego y pasaba por National City y Garbo, introduciéndose a territorio nacional en su ida hacia la Posta del Rancho de Tía Juana, de ahí reiniciaba la marcha en dirección a la Posta Tecate, internándose de nuevo en territorio norteamericano. De vuelta en tierras californianas cruzaba otras 13 postas instaladas por el Camino de la Herradura. Para bajar a lo que años más tarde sería el condado de Imperial, tenían que recorrer cinco postas más y así llegar a la Posta de Indios donde había que reabastecerse de la anda de caballos de tiro para emprender la marcha hacia territorio nacional pasando la línea divisoria entre Estados Unidos y México justo por el monumento divisorio 220-A (por la puerta México), en los actuales poblados de Calexico y Mexicali, zona que por aquellos días formaba parte de la región conocida como la de la Laguna (Cameron) o de la del Río (Nuevo).
        
Desde ese punto de la línea fronteriza, la diligencia se adentraba a suelo mexicano cabalgando hacia el sureste en dirección a la “Posta Río Nuevo” (New River Station), la cual, conforme al mapa del área realizado por R. W. Lemon, en febrero de 1903, quedaba en las inmediaciones de lo que fue la Estación Packard, perteneciente al otrora ferrocarril de la Inter-California. Esto sería hablar hoy —a partir de la confluencia del bulevar Lázaro Cárdenas con Río Nuevo— de un sitio en Mexicali ubicado en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas y el entrecruce con bulevar López Mateos.


Según este documento que data de 1873, signado por Bibiano Dávalos y Manuel De Reyaleta, la “Posta Río Nuevo” era el octavo punto de reabastecimiento de la ruta de diligencias, y se componía de una casa con restaurante y venta de licor, donde también se podían adquirir abarrotes, granos y pastura, establecimiento cuyo manejo estaba a cargo del señor Fausto Álvarez, de ciudadanía norteamericana.
        
A partir de la “Posta Río Nuevo”, la travesía proseguía en colindancia con la línea fronteriza dentro del actual municipio de Mexicali, habiendo al paso otras cinco Postas por recorrer, incluyendo el penúltimo paradero de la ruta: “El Pozo de Los Algodones”; de la “Posta Río Nuevo” a la de “Álamo Mocho”, había de por medio una distancia de 22 kilómetros y medio; de ésta, a la “Estación de Burcke V. Vills”, y de aquí a la de “Siete Pozos”, y luego a la de “La Rajadura” hasta llegar a “El Pozo de los Algodones”, en todo caso, las separaba una distancia de poco más de 15 kilómetros: Ochenta y tres eran los kilómetros que se tenían que recorrer en diligencia para atravesar el Valle de Mexicali y llegar a Yuma.
        
Ese documento afirma también que once de las trece postas estaban concesionadas a ciudadanos estadounidenses, exceptuando la del “Rancho de Tía Juana”, que pertenecía al peruano José María Bandini (señores Bandines, dice el documento original), y la de “El Pozo de los Algodones” a cargo del mexicano Manuel L. Villarino, imbuido con el licenciado Modesto Arreola, en calidad de apoderado de la tribus yumas, dieguinos y cucapá, en prolongada disputa por la posesión de dichos terrenos baldíos.


Puerto Isabel, puerto norteamericano situado en suelo mexicano (Sonora), a la orilla este de la desembocadura del río Colorado

El testimonio de Dávalos y De Reyaleta describe con demoledora claridad cuál era la problemática política de la región, por principio la total ausencia de una aduana mexicana que pusiese coto al contrabando consuetudinario que llevaban a cabo los estadounidenses dentro del territorio nacional, al grado de instalar para esos efectos su propia aduana en la zona (¿Puerto Isabel?); pero sobre todo los comisionados advertían al gobierno federal del peligro que representaba tener al vecino instalado a todas sus anchas en la desembocadura del Río Colorado, ofreciendo en su reporte hasta el remedio y el trapito para solventar un asunto que más valía buscarle urgente solución, de no querer estar envueltos en un nuevo conflicto internacional con Estados Unidos, cuyo final  era perfectamente previsible: la pérdida total de la Península noroccidental de México. Con ese propósito, Dávalos y De Reyaleta, aconsejaban: 

«El consumo de efectos extranjeros introducidos clandestinamente no solo se hace por  estas vías sino por la Ensenada de Todos los Santos y percibe de mercancías para surtir las poblaciones y rancherías diseminadas en toda la municipalidad, y solamente los productos anuales que debían de producir bastarían para cubrir los gastos, el pago de los demás empleados hábiles y una fuerza de cada una que recorran la línea e impidiera el contrabando escandaloso que se hace diariamente, a ciencia y paciencia de las autoridades mexicanas».       

«El punto más propicio para declararlo puerto de altura sería la Ensenada de Santo Tomás, cuya oficina final deberá tener dos secciones, una en la Tíajuana [sic] y la otra en el Paso de Los Algodones».

De seguro lo suscrito en el informe realizado por Dávalos y De Reyaleta, fue lo que impulsó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada a emitir en agosto del año siguiente, 1874, un decreto para la apertura de una aduana para el Partido Norte del Territorio de la Baja California, con asiento en “Tía Juana”.
        
La veracidad de los datos vertidos en el reporte de 1873 llevado a cabo por Dávalos y De Reyaleta, son reconfirmados nueve años más tarde por los ingenieros Jacobo Blanco y el coronel norteamericano J. Barlow, cuando a la luz de la convención del 29 de Julio de 1882 con el fin de organizar una Comisión Internacional de Límites para trazar y demarcar la Línea Divisoria entre los Estados Unidos y México, fueron comisionados para explorar la región y elaborar un estudio topográfico, realizando un mapa en el que se observa el área correspondiente al Desierto del Colorado, en el que aparece el trazado de la ruta de diligencias de San Diego a Yuma –el Camino de la Herradura– y también  los puntos donde se situaban los ranchos Los Algodones y Andrade; plano cartográfico que tuvo como resultado la colocación de los Monumentos Divisorios entre un país y otro.

Guillermo Andrade
En lo concerniente al apellido Andrade, cabe destacar que Guillermo Andrade, único mexicano que por aquellos días se esfuerza por hacer trabajo de colonización en el Desierto del Colorado –fundando la Colonia Lerdo unido a Thomas Blythe–, consigue un contrato de colonización otorgado por el gobierno porfirista, el 11 de enero de 1878.

La aduana de José María Villagrana

El ejecutivo federal decreta la apertura de la primera aduana del Partido Norte el 6 de agosto de 1874, con asiento en la comunidad de “Tía Juana”. José María Villagrana, como subjefe político lerdista, inicia la instauración de un organismo que, más allá de ser una dependencia del Ministerio de Hacienda, en México Aduanas ha sido una extensión del Poder Ejecutivo, reconfirmando a los habitantes de la más alejada región fronteriza del país, la existencia de un poder central, ubicuo, hasta esa fecha invisible en sus obras, cuya tangibilidad solo era perceptible durante el cobro de impuestos a los lugareños por la introducción de víveres y herramientas desde Estados Unidos, en igual caso se encontraron  las compañías que explotaban las minas de oro y cuarzo dentro de la región.

Sin empacho el supremo gobierno imponía la fuerza y verticalidad de sus resoluciones reguladoras en la vida de un núcleo poblacional bajacaliforniano, aislado por mar y desierto e inconexo con el comercio procedente del interior y por tanto dependiente del país vecino en cuanto abastecimiento.

So pretexto de la disminución de la recaudación fiscal sobre una explotación minera cuya producción empezaba a menguar, Villagrana aumenta en 300% los impuestos a la importación de básicos, materiales para la construcción, utensilios para la agricultura y herramienta destinada para la minería. No conforme, de la aduana sustrae y pone en sus alforjas el total de dinero recaudado por el gobierno federal, dejando al municipio de Real del Castillo sin un cinco de aquel antiguo 15% obtenido por el pago voluntario de importaciones que los lugareños hacían al ayuntamiento para manutención del incipiente aparato gubernamental, de un par de planteles educativos y de la poca infraestructura  construida.

Con esta desatinada medida del subjefe político Villagrana, el impacto ocasionado para la economía familiar de la gente de Real del Castillo, fue brutal. Este fenómeno se reflejaría en toda su magnitud siete años después, en la primavera de 1881, cuando de manera por demás dramática los pobladores del Partido Norte, expresan su disgusto en un documento enviado al presidente Manuel González:

«Si nos preguntara, señor [presidente], ¿por qué ha salido la población de la Frontera?, contestaríamos abiertamente porque es imposible soportar el peso del arancel aduanal; diríamos que aunque es cierto que la Aduana protege al comercio, a la industria y los productos de un país culto, en ningún caso deben existir derechos aduanales en un país que principia a formarse, y que aún no se sabe si pueda llegar algún día a vivir de sus propios productos o industrias; diríamos, en fin, porque los víveres que se compran en San Diego por 1 peso, vienen a costar 4 pesos con el recargo del arancel, al flote del dinero que es del 20 por ciento».

En torno a la debacle del gobierno de José María Villagrana en 1876, la causa no fue la rebatiña por la silla presidencial entre Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) y Porfirio Díaz, ni tampoco las presuntas disputas entre liberales y conservadores del Partido Norte del Territorio de la Baja California, cuando algunos autores remarcan que el sustituto de José María fue don José Moreno, un “conservador honesto, a carta cabal”. Por esos días, la lucha política en todo el país más bien era entre militaristas (Porfirio Díaz) y liberales juaristas, reeleccionistas como Lerdo de Tejada, pues los conservadores, que habían dejado el poder en 1855, aún no se aglutinaban en torno a la bota militar de un Díaz presuntamente anti-reeleccionista y liberal en esa época.

Villagrana, fue sorprendido jugando ajedrez y aprehendido el 20 de noviembre de 1876, llevado a la cárcel y depuesto por las 1500 almas y la soldadesca que habitaban en el pueblo de Real del Castillo, por embolsarse el producto de los impuestos cobrados en la aduana y dejar sin dinero al municipio, por coludirse para la venta ilegal de terrenos, un negocio que empezaba a tomar inusitado auge, y por haber convertido la cabecera del Partido en la “Disneylandia” de las bandas de gavilleros que asolaban ambos lados de la frontera. Esta era la verdadera causa del porqué el gobierno de los Estados Unidos hacía un año que había movilizado a la Compañía G de Caballería para que vigilase de forma permanente la línea divisoria entre ese país y el de México, partiendo de “Tía Juana” hasta el desierto del Colorado.

Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el vecindario descubrió que el subjefe político Villagrana y su secuaz Braulio Carballar –el administrador de la aduana enviado por la federación– solo habían gastado 2 000 pesos, de los 4 000 recibidos para construir la aduana del Partido Norte, empleando el resto en la compra de “lujosos carruajes y hermosos caballos” en la localidad de San Diego. Esto fue lo que realmente encendió la mecha a una situación en extremo delicada que, como era de esperarse, derivó en la deposición y aprehensión de Villagrana, quien tres días después de su captura ese 20 de noviembre de 1876, logró escapar hacia San Diego en el trayecto de su remisión hacia el centro del país en calidad de prisionero.

La aduana de Andrés L. Tapia

Para avizorar el grado de aislamiento en que se encontraba el Partido Norte de la Baja California, basta decir que no es sino hasta el 15 de noviembre de 1877, un año después de los conflictos suscitados por Villagrana dentro del Partido, cuando llega a Ensenada el coronel Andrés L. Tapia –jefe político del territorio peninsular–, en el buque de guerra México, con un contingente de 130 soldados a bordo, con el fin de pacificar la región. Para sorpresa de tirios y troyanos, como parte de la tripulación venía un José María Villagrana, redimido, que en cosa de un año de refugiado en el puerto de La Paz, se había convertido en un porfirista confeso, cuyas ambiciones por retornar al poder las vería esfumarse de su mente tan rápido como la bruma suele desaparecer ante el arrebato de la luz solar.

A pesar de eso, Villagrana, el fundador de la primera aduana del Partido Norte, permanecería aún en tierras bajacalifornianas hasta el 25 de julio de 1899, cuando envía al jefe político-militar Agustín Sanginés una precipitada e irrevocable renuncia como juez de paz de la colonia Tecate, y luego parte con rumbo desconocido dizque a atender urgentes asuntos familiares. Por el tono de la redacción del texto, todo indica que el señor estaba evitando, a toda costa, estar delante del coronel Sanginés entregando el documento de su adiós definitivo de la administración pública local.

Al bajar del  barco el coronel Tapia a mediados de noviembre de 1877, el primero en deponer las armas fue José Moreno, lo que le facilitaría la toma del control del aparato de gobierno. Más tarde vendría la rendición voluntaria de Jesús Legaspy, de la gente adherida al chileno Felipe Zárate, a Zerrabia y a Rodríguez.

El literato y educador de origen peruano, Manuel Clemente Rojo, antiguo subjefe político de la región —a quien dos años antes los bandidos vinculados a Villagrana le habían asesinado a su amigo Antonio L. Sosa, primer presidente municipal de Real del Castillo desde su fundación el 2 de octubre de 1870—, había sido el único de los lugareños en emprender vana campaña para volver a ser reinstalado en el poder.

En ese ínter, Andrés L. Tapia emprende una serie de consultas dentro de aquel vecindario, cuya problemática queda reflejada en el documento enviado el 15 de marzo de 1881 por la junta de vecinos de Real del Castillo al presidente de la República Manuel González, informe en donde no solo le solicitan la expedición de un decreto presidencial para convertir la región en zona de libre comercio:

«En obsequio de la Justicia, de la Humanidad y del Derecho que pudiéramos tener como hijos de la República, a Usted pedimos se sirva decretar la Zona Libre para el Partido Norte del Territorio de la Baja California».

También queda claro en dicho informe que una de las causas fundamentales de los desaguisados dentro del Partido Norte habían sido los desorbitados gravámenes impuestos por Villagrana a los productos traídos del extranjero, sin omitir que el otrora recargo del 15% al costo de productos importados al país, había representado un verdadero beneficio porque:

«con esto se criaba un fondo suficiente para pagar a los empleados locales [los del municipio], para mantener una escuela de instrucción primaria, para abrir caminos y en fin para hacer cuantas mejoras materiales sean posibles, porque del Gobierno jamás ha llegado un centavo, a excepción de lo que ha gastado en el establecimiento de la Aduana».

En 1877, la economía del Partido Norte se encontraba paralizada y al borde del precipicio a causa de los altos aranceles a las importaciones implantados por Villagrana. No obstante, como un acto providencial, desde un año antes habían empezado a llegar, a aguas de la bahía de Ensenada de Todos los Santos, cuantiosos embarques de mercancía de contrabando, procedentes de la ciudad de San Francisco, específicamente de origen oriental, cuyos precios resultaban para los moradores de la región sensiblemente más baratos que lo que les costaba comprar en San Diego y, además, libres de impuestos.

Ante eso, Andrés L. Tapia reuniría a las autoridades del Partido –entre quienes se encontraba Cayetano Treviño, presidente de la Comisión de Terrenos Baldíos–, y en vez de ordenar bajar de inmediato los impuestos a los productos importados para incentivar la economía de aquellos villorrios, plantea la necesidad de abrir una aduana “provisional” en lo que sería el puerto de Ensenada. Luego toma la decisión y por primera vez manda cerrar la recién fundada Aduana Fronteriza de Tijuana, reduciendo las instalaciones de aquello que se había convertido en la manzana de la discordia, a categoría de simple caseta fiscal y de vigilancia.

En lo concerniente a la aduana de Tapia, se trataba de una casita prestada, ubicada cerca de la playa, cuyo propietario era don Pedro Gastélum. Luego el coronel parte muy campante hacia La Paz, nombrando a José Pelayo Gama como administrador de la Aduana del Partido Norte, que, de la noche a la mañana, de fronteriza había pasado a ser marítima, cambiando su residencia de Tijuana a Ensenada.

Poco habría durado el gusto del coronel Tapia, pues en abril de 1878, tras la regañina recibida de parte de don Porfirio, regresa a Todos los Santos a clausurar su aduana de la playa, ordenando reabrir la fronteriza, que hasta hacía poco estuviera situada en Tijuana.

Decreto presidencial del 27 de octubre de 1880

Con este decreto presidencial expedido por Porfirio Díaz para la apertura oficial de la Aduana Marítima de Ensenada de Todos los Santos, la Aduana Fronteriza de Tijuana volvió a cerrarse por segunda ocasión en tan solo tres años; no obstante, la oficina de la Aduana portuaria, frente a un movimiento cada vez mayor de mercaderías pero de contrabando, quedó operando de manera intermitente: unas veces sí y otras no.

Con el nuevo cierre de la Aduana Fronteriza de Tijuana en 1880, y el funcionamiento irregular de la marítima de Ensenada, después de que la gente del Partido Norte desde 1875 había estado padeciendo una onerosa carga tributaria a las importaciones –de cuyo producto hacía seis años que el municipio de Real del Castillo no obtenía ni un centavo para la manutención del aparato administrativo y el sostenimiento ahora de tres escuelas de instrucción primaria: la de Real del Castillo, la de San Vicente y la de Tijuana (1879)–, se crea una comisión de vecinos con carácter de urgente y en marzo de 1881 redactan el documento ya citado, enviándolo al presidente Manuel González, en el que se hace un análisis pormenorizado sobre la deleznable actuación de los siete administradores de Aduana que habían ejercido ese cargo desde 1874:

«Don Braulio Carballar fue el primer Administrador de la Aduana de Tijuana, establecida por orden del Gobierno, para lo cual recibió $4000,00 pesos de la Aduana de Mazatlán, de cuya cantidad gastó $2000,00 más o menos en la fábrica de dicha Aduana y el resto gastó en San Diego en comprarse carruages [sic], hermosos caballos y objetos de valor para su uso. Éste es uno de los que mejor se han portado, porque aunque todo su trato y manejo era en el extranjero, cumplía con su deber, pero al fin jamás mandó un centavo al Gobierno, y cuando salió de la oficina, dejó pendiente el pago de sus empleados y subalternos por falta de fondos».

«Pasemos al siguiente, el segundo Administrador de dicha Aduana, fue don José Pelayo Gama; ¡Qué vergüenza! Éste ni aún fue puesto por el gobierno, sino por el Jefe Político del Territorio que vino a calmar algunos disturbios habidos entre el pueblo, siempre por causa de la Aduana, porque se trataba de evitar una especulación [investigación] que se pensaba hacer al Administrador Carballar».

«La visita del señor Tapia en nada fue benéfica porque se fue dejando como luego se dice “las mechas ardiendo” y solamente nos ha dejado a un Pelayo de Administrador de Aduanas. Este empleado devoto del Dios Baco no esperaba colectar dinero para sus vicios, sino que comprometía al crédito la Aduana con el comercio, y jamás pagó a sus subalternos. Vivía en San Diego, Alta California, en donde siempre ronda, y despachaba muchos negocios de la Aduana a satisfacción de los interesados, quienes formaban con este objeto tertulias y reuniones de puros devotos del mismo Dios».

«El tercer Administrador fue don Alberto H. Dugnig, quien aunque muy honrado y cumplido, jamás remitió algo al Gobierno».


Antes de continuar, es indispensable destacar un episodio de la vida bajacaliforniana, porque cuando en el reporte anterior llega el momento de explicar acerca de cuál había sido el proceder del cuarto administrador de la aduana, menciona a un ilustre sud bajacaliforniano, al general José Manuel María Márquez de León (1822-1890), que, con el apoyo de Ramírez Terrón en Sinaloa, el 22 de noviembre de 1879 lanza contra el gobierno de Porfirio Díaz su Plan Revolucionario del Triunfo, convocando al pueblo de Baja California a la rebelión.

Poco tiempo después de la proclama del general Márquez, el coronel Tapia sería sustituido por el general José María Rangel (1836-1896), a quien toca enfrentar a los alzados marquecistas en la frontera del Partido Norte, a mediados de 1880.

«El cuarto Administrador fue un señor Jesús Legaspi [sic] puesto por el revolucionario Márquez, este empleado siguió los pasos de Gama, sin perderle la pista».

«El quinto fue un señor Arnulfo García puesto por el coronel  [por esas fechas ya era general] entonces don José María Rangel. Si se quiere saber del manejo de este Administrador que tenía las hechuras de Pelayo Gama, con la circunstancia agravante, de que éste insultaba a los introductores y jamás se ocupó de libros o papeles de ninguna especie. También fue procesado y consignado al Juez de Distrito, por cuya razón no pudo remitir al gobierno los productos de la Aduana».

«El sexto fue don Ignacio Romero, que aunque muy caballeroso y honrado durante su administración, vivía en el extranjero con todos sus empleados subalternos, pasando a suelo mexicano solamente cuando pasaba algún desgraciado a quien descarnar [sic]. Este tampoco mandó dinero al Gobierno y se fue sin pagar a sus empleados. La razón no se sabe».


«El presente Administrador [el séptimo], señor Torrescano, sin tener la honra de conocerle, aún no nos ha hechado [sic] un saludo, tratándonos públicamente de salvajes y ha principiado por tratarnos de bandidos a los vecinos más honrados de este Partido, y desde que llegó hasta la fecha [marzo de 1881] anda en el extranjero con todo y empleados subalternos».

«Estos son, señor Presidente, las personas en cuyas manos ha puesto el Gobierno el manejo de esta Aduana, para deshonra de la Nación y ofensa y ruina de este Partido».

El presidente Manuel González, el 15 de diciembre de 1883, promulgaba la Ley sobre deslinde de terrenos y colonización de la Baja California, dando apoyo irrestricto a extranjeros para la colonización de vastas regiones de un país en donde la gran masa campesina vivía sin un pedazo de tierra, medidas que reavivaron sobre México el furor anexionista de las potencias sobre la frontera norte. Al año siguiente, el presidente González le concesionaba a Luis Hüller, organizador de una compañía deslindadora de terrenos, una inmensa extensión de tierras baldías que abarcaban los actuales municipios de Tijuana y Ensenada, incluyendo isla de Cedros.
        
Dos años después (1886), Huller vendía sus derechos a la empresa norteamericana Compañía Internacional. En 1889, este latifundio de dimensión colosal era absorbido por la firma británica Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización para el Desarrollo de la Baja California, más bien conocida como la  Compañía Inglesa.

Antecedentes históricos: franquicia para la zona libre

Los primeros antecedentes, en México, en torno a la historia de la franquicia de zona libre, se remontan al año de 1849, cuando el presidente José Joaquín Herrera (luego de que un año atrás el ex presidente Manuel De La Peña firmara el tratado Guadalupe-Hidalgo con Estados Unidos), el 4 de abril emitía un decreto por tres años permitiendo a los habitantes de la frontera norte la importación de víveres para autoconsumo.

Derogado ese decreto en 1852, el gobierno de Ignacio Comonfort,  para el 28 de diciembre de 1855, ordenaba la exención de derechos aduanales a los metales no beneficiados dentro de la Península de Baja California.

El 17 de mayo de 1858, durante la presidencia de Félix Zuluaga, el gobierno de Tamaulipas era agraciado con un decreto que exentaba el pago a la importación de víveres para los moradores de Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier y Nuevo Laredo.
        
En lo que concerniente a la petición para el establecimiento de una zona libre en el Partido Norte, solicitada al presidente Manuel González en marzo de 1881, el gobierno del general Díaz,  en enero de 1885, en respuesta a dicha petición de hacía cuatro años, decretó la aplicación de una franquicia que consideraba zona libre de impuestos una faja de veinte kilómetros sobre el área fronteriza de la Península bajacaliforniana con Estados Unidos, beneficiando incluso a Ensenada. Veinte años después, en 1905, José Ives Limantour —secretario de Hacienda— derogaría aquella franquicia.
        

Desde la derogación de la franquicia de zona libre en 1905, hasta su reapertura en 1937 realizada por el gobierno cardenista, la lucha por la instauración del régimen de zona libre fue toral para Baja California. Un otorgamiento que solo era concedido por la Presidencia de la República como eventual paliativo en tiempos de excepción o de graves crisis, evitando subsanar un problema permanente con medidas más apegadas a la realidad económica y social de una región  aislada del resto del país.

roberelenes@gmail.com

SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600

II. La Baja California marquecista y la Sonora porfirista


Por Roberto Elenes


Hacia 1871,
Manuel Márquez de León
Manuel Márquez de León se convierte en jefe militar y gobernador provisional de Sinaloa, también lo había sido de Durango. Ese año, Porfirio Díaz, asociado al partido lerdista que apoyaba la candidatura de Sebastián Lerdo de Tejada, por su común oposición a la reelección, se unen y pierden las elecciones presidenciales frente a un Juárez reeleccionista; Díaz con un grupo de partidarios (entre los que se encontraban Luis Emeterio Torres y Francisco Cañedo, futuros caciques militares de Sonora y Sinaloa), pretextando fraude electoral, lanza su “Plan de La Noria” y arman en el Norte una revuelta que es sofocada por las huestes adheridas a Juárez. En dicha guerra, lerdistas como el coronel José María Rangel participan en la refriega pero en contra de Porfirio Díaz y sus aliados.
         
El “Plan de La Noria”, es un documento muy interesante porque devela ya la profunda escisión existente entre los grupos liberales, aparentemente divididos en torno a la idea de la no-reelección, en la inteligencia de que en el texto de la Constitución de 1857 no estaba prohibida la reelección. En realidad eran facciones antagónicas compuestas de militaristas a favor de Porfirio Díaz contra civilistas doctrinarios del juarismo, como el propio Lerdo de Tejada.
          
Sobre este trance de su vida política, Juárez un día escribiese:

«El militarismo levanta su odiosa banderola ante la bandera de la legalidad (…) sacrificar el orden y las leyes libremente adoptadas a los planes más o menos ilusorios de un hombre [esto en alusión a su discípulo Porfirio Díaz], por más ameritado que se le suponga, sería unirnos a una anarquía sin fin».

El general Manuel Márquez de León, porfirista hasta que Porfirio Díaz deja de ser antirreleccionista, era un demócrata. No obstante de que el encumbrado general Donato Guerra, en 1871, le había impuesto como gobernador interino de la entidad sinaloense, ese año compite por la gubernatura de Sinaloa contra el abogado Eustaquio Buelna y pierde en las urnas. Entre 1871 y 1872, en esa entidad hubo 13 gobernadores entre constitucionales e interinos.
         
Con la muerte de Juárez en 1872, Díaz y su círculo principal de amigos son amnistiados. Sebastián Lerdo de Tejada por ser el presidente de la Suprema Corte de la administración juarista —puesto que equivalía al de vicepresidente—, es convertido en primer mandatario de la Nación. Ese año, el coronel José María Rangel, es comisionado por el gobierno central a Guaymas, Sonora, con el fin de preservar en sus puestos al administrador de la Aduana Marítima y a los empleados federales que el gobernador liberal Ignacio Pesqueira había separado de sus cargos. Dos años después, como si Sonora se cociese aparte, el guanajuatense José María por inexplicables razones era declarado ciudadano sonorense. Ciudadano sonorense de una Sonora que con Luis Emetrio Torres estaba a punto convertirse en un enclave porfirista.
         
Sebastián Lerdo de Tejada
Para el 25 de septiembre de 1873, Sebastián Lerdo de Tejada eleva las Leyes de Reforma juaristas a rango Constitucional, quedando establecida la independencia entre el Estado y la Iglesia, así como reglamentados los principios que delimitaban las relaciones laborales, lo que significaba la abolición de una soterrada esclavitud ejercida muy especialmente sobre la amplia masa indígena. Entre los cinco artículos adicionados a la Constitución de 1857, aparece el quinto que rezaba así:

«El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya por causa de trabajo, de educación o de voto religioso (…) La Ley tampoco puede admitir convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro».

¡Oh!, paradoja, un país eminentemente católico daba la espalda al tradicional sistema monárquico europeo, sustentado en presuntos designios divinos previamente dictados al Papa, cabeza del actual Estado Vaticano, apuntalando la Reforma juarista, a cambio, las bases para la construcción de un Estado moderno salvaguarda ya de las garantías individuales y de los derechos sociales de la ciudadanía. Derechos básicos dentro de las sociedades democráticas actuales.

Para 1875, Luis Emeterio Torres desde Sinaloa emprendía la embestida final para desplazar a Ignacio Pesqueira que hacía 19 años (1856) gobernaba Sonora muy ad hoc con el presidencialismo autoritario, civilista y reeleccionista, creado por Juárez durante la etapa de dominio liberal en el Siglo XIX. Luis Emeterio Torres, el hombre fuerte de Sonora en la época del porfiriato, durante 36 años controlaría el noroeste del país hasta ese mayo 27 de 1911, en que al lado del guaymense Alberto Cubillas y del general Lorenzo Torres partieron de Sonora a Los Ángeles, California, en calidad de exiliados.
         
Francisco Cañedo
Emulando a Torres, el 1 enero de 1876, Francisco Cañedo hacía suyo el “Plan de Tuxtepec”, lanzado por Díaz desde su natal Oaxaca, deponiendo en Sinaloa al gobernador Jesús María Gaxiola para gobernar ese estado durante 33 años. A Cañedo solo la parca pudo obligarle a dejar el poder a mediados de 1909.
       
Para esto, el 5 de mayo de 1878, siendo presidente Porfirio Díaz, se había reformado la Constitución prohibiendo la reelección inmediata de presidente y gobernadores de la República; nueve años después, cuando Díaz se consolida en el poder, volvió a modificarse el artículo 78 constitucional en el que se daba luz verde a la reelección.

A finales de 1880, a punto de terminar la primera gestión presidencial de Porfirio Díaz, dentro de un clima político enrarecido empezó a propagarse el rumor de que el general pensaba reelegirse. Un año atrás habían asesinado en Mazatlán al anti-cañedista José Cayetano Valadez, director del periódico “La Tarántula” y para el 24 de junio de ese año de 1879, en Tlacotalpan, Veracruz, hubo un pronunciamiento de la tripulación del Cañonero Tampico a la que se unió la guarnición de Alvarado. Como escarmiento el gobernador Luis Mier y Terán sin formación de causa alguna fusiló a nueve soldados indígenas como presuntos participantes del levantamiento. Esta medida draconiana no gustó mucho dentro de un sector del Ejército.

En la víspera de lo que parecía la irremediable reelección del general Díaz, el prefecto de la ciudad de Culiacán, general Raúl Ramírez Terrón, a finales de octubre de 1879, se levantaba en armas desde Mazatlán contra Porfirio Díaz. Una semana después,  Manuel Márquez de León, ex titular del Departamento de Marina en el Pacífico, como cabeza del grupo de alzados en Sinaloa, desde La Paz se manifestaba a favor de Ramírez Terrón, lanzado su “Plan del Triunfo” el día 22 de noviembre del año en curso.
         
Ante los hechos, Francisco Cañedo, gobernador de Sinaloa, huyó, despavorido, hacia México. Mientras que el coronel Andrés L. Tapia, jefe político-militar de la Península de Baja California, con un grupo de comerciantes paceños hacían lo suyo yendo a refugiarse a Sinaloa en donde les informaron que también Cañedo había escapado. Sus almas no encontraron sosiego hasta no llegar a Hermosillo y ponerse bajo la tutela de Luis Emeterio Torres.
         
El 22 de noviembre de 1879, Manuel Márquez de León, que gozaba de popularidad en Sinaloa y en el territorio peninsular, dirigía su proclama de insurrección a los habitantes de la Baja California, encarando públicamente al general Porfirio Díaz, al pronunciar lo siguiente: 

PROCLAMA DE INSURRECCIÓN DIRIGIDA
AL PUEBLO DE BAJA CALIFORNIA,
POR EL GENERAL MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN,
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1879.

«Conciudadanos: La corrupción y la mezquindad de sentimientos van poco a poco extinguiendo en la República el fuego santo del patriotismo y el amor a la libertad. Los abusos del poder han intimidado a las almas débiles, y, comprados con los tesoros públicos esos avaros miserables que solo piensan en su interés privado, ha venido entre nosotros a dominar la fuerza bruta a la razón y a la verdad. Tanta bajeza nos sumirá en la deshonra y en la ruina, si por medio de un esfuerzo supremo no reivindicamos nosotros nuestra dignidad mancillada».

«Los desmanes cometidos por las autoridades del Territorio, y ese falseamiento escandaloso del voto público que se ha presenciado en las elecciones pasadas, solo son un débil reflejo de lo que está pasando en el resto del país; son los actos reprobados de una administración ignorante y de mala fe, que arrastran por el fango el decoro nacional.»

«Os consta que la Isla de Guadalupe está hace mucho tiempo en poder de aventureros, y que una partida de chinos está ocupando toda la costa comprendida entre la línea divisoria y San Bartolomé, sin que se haya dictado ni se piense dictar ninguna medida para conservar ilesa la integridad del Territorio y salvar el  honor de México».

«Si la nación tolera tanta infamia como está pesando sobre ella, no merecerá el título de potencia independiente, y no puede haber en corazones leales la idea de una vida de humillación».

«Todos nuestros valientes hermanos solo esperan que se levante el lábaro sagrado que los hará [sic] de guiar por el sendero del honor, para agruparse en torno de él, y nos toca a nosotros la gloria de enarbolarlo».

«Entonemos, pues, con voz firme, el grito de libertad, rectitud de conciencia y reforma general en marcha de los negocios públicos, y pasemos el Golfo para llevar hasta la capital de la República la moralidad y el desprendimiento».

«Vea el mundo que hay todavía en la República Mexicana ciudadanos honrados que se sacrifican sin otro interés que el bien general».

«Nací entre vosotros, sois testigos de que he sacrificado una inmensa fortuna [23 años casi interrumpidos en el campo de batalla] para servir a mi Patria y tengo derecho a vuestra confianza. Juro, y no mentiré como ha mentido el hombre de Tuxtepec, que la Baja California recordará siempre con satisfacción que nació en su seno su amigo y hermano, Manuel Márquez de León».

Manuel Márquez de León, un mexicano fuera de serie, que a los 57 años se contaba entre los triunfadores de la asonada de Tuxtepec que derrocó al gobierno del ahora reeleccionista Lerdo de Tejada, lo que a esa edad le hacía merecedor de una decorosa jubilación, desechaba tan prudente idea al lanzarse a la revolución desde el paraje más recóndito y aislado del país: la Baja California. Error táctico causante de su confinamiento militar y de su posterior derrota en la Península; aunque su plan era cruzar el golfo de California y unirse a Ramírez Terrón y desde Sinaloa dar la pelea al régimen de Díaz, entidad donde se encontraba el grueso de sus seguidores y el acceso a más armas y hombres.
         
Para febrero 4 de 1880, en que procedente de Sonora llegaba a La Paz el general José María Rangel a cargo del 8/º Batallón, Márquez de León se había marchado hacia Estados Unidos en búsqueda de armamento, designado al coronel Clodomiro Cota como jefe político del Territorio, en sustitución del escabullido Andrés L. Tapia.
         
Todo indica que el general sud bajacaliforniano y los 117 hombres que le acompañaron en aquella penosa travesía, habían tomado una ruta paralela a las costas del golfo, cruzando sus aguas e internándose en el Continente a la altura del Distrito de Altar, en Sonora, porque para el 5 de mayo en Atil, harían morder el polvo a una unidad de caballería del gobierno del general Luis Emeterio Torres. Diez días después, en las inmediaciones de Magdalena chocaban contra otro contingente militar y tras vencerlo tomaron sin mayor resistencia ese pueblo. En Rayón, se enfrentaron con las fuerzas comandadas por el coronel Ciriaco Vázquez, haciéndole vivir la peor de las desdichas, la derrota militar. De ahí Márquez y sus hombres tomaron dirección norte y el 15 de junio de 1880, cruzaron la frontera de México por Arizona rumbo al Partido Norte.   
         
En julio de ese año, el general Raúl Ramírez Terrón, aliado de Márquez, libraba en Villa Unión, Sinaloa, encarnizada batalla contra el general neoleonés Bernardo Reyes y sus fuerzas, derrotando a uno de los procónsules del porfiriato. Para septiembre, Ramírez Terrón era asesinado en el pueblo de El Salto, camino a Durango.  
         
Rangel, al no encontrar a Márquez de León en La Paz, afanoso, emprendió la persecución por barco. Al llegar al Partido Norte, constataría que el sud bajacaliforniano no había depuesto aún al subprefecto político, pero al administrador de la aduana sí, habiendo nombrado a Jesús Legaspy como cuarto administrador. La lucha contra los marquecistas en la levantisca Frontera todavía se prologaría hasta el año siguiente.
          
La insurrección marquecista de 1879, en la región del Noroeste, apoyada por Ramírez Terrón desde Sinaloa, frustró los planes de Porfirio Díaz para reelegirse en la Presidencia, optando mejor por lanzar a su compadre Manuel González como candidato a la primera magistratura, cargo que ocupó de 1880 a 1884.
         
En calidad de jefe político-militar del territorio peninsular, en el verano de 1881, el general Rangel regresaba al Partido Norte a combatir nuevos brotes de violencia política. Durante ese lapso, Marcelino Torrescano, administrador de la Aduana Marítima, se dirige a Real del Castillo para solicitarle al doctor Zeferino Castañeda, subjefe político, que comisionase un destacamento para apoyar las múltiples operaciones portuarias de la Aduana y que enviara, además, un grupo adicional de soldados a combatir el desmesurado contrabando que ingresaba por las zonas de El Sauzal y Punta Banda. A raíz de los altísimos aranceles a las importaciones de víveres, herramientas y refacciones, hacía cinco años (1876) que el comercio masivo chino, con sede en San Francisco, California, por primera vez había hecho acto de presencia en el Partido Norte, vendiendo de contrabando mercancía más barata que en San Diego.

Ante las razonables peticiones de Torrescano y la imposibilidad de dividir al destacamento militar bajo las circunstancias prevalecientes, advierten al general Rangel la necesidad de una presencia militar permanente en la región, solicitándole la fundación de una colonia militar y el incremento de la comunicación entre las autoridades del Territorio y las del Partido Norte. El jefe político del Territorio se compromete a enviar periódicamente un buque de vapor a la zona, subvencionado por el gobierno central.
         
Durante esa ocasión, Torrescano y Castañeda, le replantean a Rangel la petición realizada al presidente Manuel González en la primavera de 1881, con la que habían conseguido la regulación del funcionamiento de la Aduana Marítima de Ensenada, pero no la reapertura de la oficina aduanal de Tijuana, ni tampoco la expedición de un decreto para hacer de la región una zona libre de aranceles a las importaciones. Fue también en esa reunión cuando tocaron un punto de trascendental importancia política para el puerto: el cambio de la cabecera del Partido Norte de Real del Castillo hacia Ensenada.

El general José María Rangel retornó a La Paz a gestionar ante la Presidencia dichas peticiones, obteniendo un no rotundo para instaurar una zona libre en el Partido Norte; en cambio, a finales del año de 1881, Jesús Fuentes y Muñiz, titular del Ministerio de Hacienda, autorizaba la reapertura de la aduana en Tijuana.

No fue sino hasta el 22 de marzo de 1882, cuando el general Rangel hizo la solicitud ante Carlos Díez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Estado y Despacho de Gobernación para el cambio de cabecera política del Partido Norte. Veintiún días después, a partir del 15 de mayo, Gobernación le autorizaba al general Rangel el cambio solicitado. Jorge Ryerson, presidente municipal en funciones, testimoniaría aquel trascendental evento relacionado con el traspaso de la capital del Partido Norte de Real del Castillo hacia Ensenada.

Luego de estar instalada la Aduana Marítima en Ensenada, en 1882 empezaron las disputas entre las autoridades del municipio y las hacendarias a raíz de que el supremo gobierno oficializó una aportación del 1.5% al pago de importaciones, en vez del 15% obtenido antes de la instalación de la aduana federal. Los conflictos entre Antonio Jáuregui, recién nombrado subjefe político, y Joaquín Del Villar, nuevo administrador de la Aduana, no se hicieron esperar, al grado de tomar su disputa un sesgo personal, suscitando que Del Villar acusara a Jáuregui ante Porfirio de Díaz de flagrante intromisión en los asuntos hacendarios del gobierno federal.

La fecha en que oficialmente se fundó Ensenada, 15 de mayo de 1882, también delimitó el surgimiento de agencias aduanales de carácter binacional, compuestas de connacionales asociados con extranjeros. Dentro de Baja California, el comercio y las agencias aduanales dieron pie a la aparición de una incipiente industria y a la presencia de los primeros grupos económicos importantes vinculados al capital extranjero.

Ese año de 1882, en San Bernardino, Alta California, ocurría un evento muy significativo: el doctor Oliver M. Wozencraft, quien en 1849 había visionado el enorme potencial del Desierto del Colorado, era presentado con George Chaffey que diecinueve años después llevaría las aguas del Colorado hasta el Valle Imperial, cruzando suelo mexicano.


Torres y Rangel: la mano siniestra del Porfiriato

Luis Emeterio Torres y José María Rangel

El 1° de enero de 1888, entró en vigor un decreto presidencial expedido quince días atrás, en que el Territorio de la Baja California era dividido en los Distritos Norte y Sur, encomendando a Luis Emeterio Torres el gobierno de la parte septentrional con asiento en Ensenada, y a José María Rangel la porción austral con sede en el puerto de La Paz.  En vías de reelegirse por tercera ocasión Porfirio Díaz había consolidado su dictadura, siguiendo ya un programa de gobierno netamente conservador.

Con Luis Emeterio Torres en el Distrito Norte (1888-1894) y con José María Rangel en el Distrito Sur (1881-1889), como jefes políticos y de las armas, téngalo por seguro que la Península de Baja California quedó bajo control de dos de los hombres más virulentos del porfiriato, especialmente contra el mundo indígena, pues son los responsables históricos de las dos grandes masacres de nativos perpetradas durante el porfiriato: la realizada por Rangel, en 1891, en contra de los rarámuris del pueblo de Tomochic, en Chihuahua,  y la organizada por Luis Emeterio Torres, siendo gobernador de Sonora por tercera ocasión (1899-1903) al desatar una sarracina sobre un pueblo yaqui insumiso, deportando hacia el otro extremo de México (al estado de Yucatán),  a los que quedaron vivos para contarlo.

Otra joyita del porfiriato lo fue el jefe político Miguel V. Gómez, responsable de dirigir la matanza de textileros durante la huelga obrera de Río Blanco, Veracruz, en 1906.

Baja California: feudo sonorense

Ensenada en tiempos de Luis Emeterio Torres

Desde el 20 de enero de 1888, fecha en que Luis Emeterio Torres pisó tierras bajacalifornianas por primera vez, hasta el 22 de agosto de 1911, día en que el presidente Francisco I. Madero obligaba al coronel Celso Vega a renunciar como jefe político, el Distrito Norte estuvo 23 años bajo control absoluto de la Sonora porfirista.              

En abril 2 de 1888, Torres dio un paso importantísimo en pro de la difusión de las ideas al hacer traer e instalar en Ensenada la primera imprenta con la que contó el distrito.  Ese mismo día, Luis Emeterio Torres formalizaba la fundación de Tecate al convertirlo en sección política dependiente de Ensenada; aunque hacía 27 años (14 de marzo de 1861) en que el presidente Juárez había  expedido el decreto presidencial que reservaba a Tecate el título de colonia agrícola.   
         
Cuatro días después de que Torres incorporó a Tecate a la organización municipal, el 6 de abril de 1888, Tijuana obtuvo rango similar al de la población tecatense. Respecto a Tijuana, oficialmente se reconoce su fundación el 11 de julio de 1889, en base a un documento que establece esa fecha como arranque de su desarrollo urbano.

Después de 10 años de haberle otorgado a Guillermo Andrade concesión como colonizador, el 7 de agosto de 1888, el régimen porfirista le extendía títulos de propiedad que lo acreditaban como amo y señor de las tierras del Valle de Mexicali y de San Luis, Sonora. Evento significativo que al gobierno del general Torres le tocase testimoniar en lares bajacalifornianos. En lo que atañe a la reorganización política del distrito, Torres creó la Junta de Instrucción Pública, marcando un hito con su estilo sui generis de gobernar. Para empezar acotó las facultades al gobierno municipal, quedando más al arbitrio de su figura institucional que de la norma constitucional. Aduanas siguió costeando el aparato militar y también el judicial, administrado la recaudación municipal. Las designaciones de los jueces de paz y la de los auxiliares a cargo de las secciones municipales ahora las hacía él y el Cabildo las ratificaba: el cuerpo edilicio se convirtió en un organismo ratificador de los designios del poderosísimo jefe político-militar.
          
El aparato burocrático que conformaba la Jefatura Político-Militar era muy pequeño, de cinco personas: un jefe político, un escribiente encargado de la sección de estadística, un oficial archivero, un escribiente intérprete y un secretario de vigilancia de cárceles, amén de la guarnición militar que dependía del general Luis Emeterio Torres. En cuanto a personal, en la aduana sucedía algo parecido: el administrador, el oficial 1° y/o jefe de la sección de recaudación que a la vez controlaba la recaudación municipal a través del contador auxiliar dependiente suyo, el  escribiente, el vista y el cuerpo de resguardo fiscal.
         
En 1890 murió Manuel Márquez de León, a partir de ahí Luis Emeterio Torres en reiteradas ocasiones estaría fuera del Distrito Norte, imbuido en interminables comisiones oficiales. Los cuatro años restantes de su gobierno, el distrito estuvo gobernado por diversos asistentes de este general: Bonifacio Topete, José María Ross, Ignacio Lodoza, Rafael García Martínez, incluyendo su secretario particular Francisco Muñoz.

El 5 de junio de 1890, el presidente Porfirio Díaz, en correspondencia a la propuesta de Luis Emeterio Torres, firmaba el decreto que fijaría los límites entre los Distritos Norte y Sur de la Baja California, tomando como punto de referencia el Paralelo 28.
         
Con Torres también llegó el Juzgado del Distrito Norte, dependiente del Tribunal Superior de Justicia, con sede en La Paz, cuyos jueces eran designados por órdenes directas de Porfirio Díaz.

Encuentro de Charles R. Rockwood con el Colorado

Charles R. Rockwood y Charles N. Perry

Para otoño de 1892, Charles Robinson Rockwood era nombrado jefe de ingenieros de la Arizona & Sonora Land & Irrigation Company. Su primera tarea fue buscar cómo irrigar casi 1 millón de acres (407 700 hectáreas), situados al noroeste del Desierto de Sonora. El 16 de septiembre de ese año, Rockwood llegaba a Yuma, Arizona, en compañía de su inseparable asistente Charles N. Perry para explorar esa zona por tres semanas.
         
En el recorrido Rockwood se enteró de que las inundaciones de un año atrás (1891) y el terremoto de febrero 24 de 1892 (7.8 grados en la escala de Richter), habían formado en el Valle mexicano un nuevo río (Álamo) y provocado un viraje del cauce del Río Nuevo, en dirección a Estados Unidos hasta desembocar en la Cuenca Salton, en California.
         
Rockwood conoció al viejo Hall Hanlon, dueño del rancho que la Compañía de Terrenos e Irrigación había adquirido para realizar las primeras obras de excavación a 16 kilómetros de Yuma. Aquel predio se extendía desde un punto denominado Pilot Knob hasta el poblado de Andrade. Rockwood después de muchas discusiones con Hanlon, el viejo le hizo entender que los esfuerzos de su empresa debían mejor encaminarse a abastecer de agua al desértico pero enorme Valle californiano, utilizando las desviaciones de los ríos en suelo mexicano. A partir de ahí su trabajo se desarrolló en el lado mexicano y estuvo concentrado en recabar información para trazar una ruta de canalización de aguas hacia aquel otro sitio.
         

El año de 1899, los gobiernos de China y México, firmaron en Washington el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, acuerdo que una década después, a falta de mano de obra suficiente, dio pie a que la Southern Pacific Co. y las compañías constructoras norteamericanas contrataran a chinos para que trabajaran en nuestro territorio en la construcción de canales de lo que sería el sistema de irrigación del Río Colorado, y también en el trazado de vías del ferrocarril Inter-California que, a principios del siglo XX, fue construido en el Valle Imperial Mexicano.

roberelenes@gmail.com

SEP—INDAUTOR
Título original:
Aduanas bajacalifornianas
Registro público:
03-2003-110615022600